Operativos federales en Sauce por malversación de fondos estatales
Efectivos de la PFA allanaron dependencias municipales en Corrientes tras una denuncia por irregularidades contables que habrían encubierto un desvío millonario de recursos públicos.
Operativos federales en Sauce por malversación de fondos estatales
Una investigación por presunto desfalco de recursos estatales desencadenó múltiples procedimientos judiciales en la ciudad de Sauce, provincia de Corrientes. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, ejecutaron allanamientos en seis propiedades vinculadas a la gestión comunal.
El origen de la pesquisa se remonta a noviembre del año anterior, cuando una edila local presentó ante la Justicia una acusación formal contra las máximas autoridades municipales. La concejal María Griselda Zajur denunció al jefe comunal y al responsable de la auditoría interna por supuestas anomalías en los balances fiscales de tres períodos consecutivos.
La funcionaria también alertó sobre una situación particularmente sospechosa: trabajadores de la administración local, magistrados del Juzgado de Faltas y otros funcionarios ejecutivos figuraban como arrendatarios o contratistas de servicios, lo que planteaba interrogantes sobre la transparencia de las operaciones.
En el cuarto mes del presente año, la fiscalía especializada de Curuzú Cuatiá —encabezada por Clara Belén Arrúa— derivó la indagatoria hacia la división antilavado de la fuerza federal. Desde entonces, los detectives desplegaron un operativo de inteligencia que permitió cartografiar los domicilios de interés.
Con los datos reunidos, la representante del Ministerio Público solicitó y obtuvo del tribunal de garantías local —a cargo en forma subrogante de Paola Eugenia Ramírez Navarro— las órdenes de entrada y registro necesarias para los operativos.
Durante la ejecución de las mismas, participaron también especialistas en delitos informáticos y personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales. El material incautado comprendió documentación contable completa —libros de actas, planillas presupuestarias, resoluciones oficiales y comprobantes de pago— junto con soporte digital: unidades de almacenamiento externo, discos ópticos, una computadora de escritorio y media docena de teléfonos inteligentes.
Un primer examen realizado por contadores de la institución policial estimó que la maniobra fraudulenta habría permitido desviar una cifra que rondaría los ciento cincuenta millones de pesos del erario público.
La causa, caratulada por negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos públicos, continúa en pleno desarrollo. Los bienes y documentos secuestrados fueron puestos a disposición del juez interventor para su análisis pericial.
Como reportó Diario Castellanos, se esperan nuevas determinaciones judiciales en las próximas semanas.
Source: Google News AR — Crime