Tres policías de San Juan imputados por robar a la institución, en supermercados y a compañeros
En pocos días, dos agentes fueron detenidos y un tercero suspendido tras ser descubiertos cometiendo delitos fuera y dentro de sus funciones.
Dos detenidos y un suspendido: escándalo en la Policía de San Juan
En el transcurso de pocos días, al menos tres policías de la provincia de San Juan quedaron comprometidos ante la Justicia por la presunta comisión de delitos, según informó tiempodesanjuan.com. Dos de ellos terminaron detenidos y un tercero fue separado preventivamente de su cargo. Los hechos ocurrieron en contextos ajenos al cumplimiento de sus funciones, aunque uno de los casos tuvo lugar dentro de una comisaría.
Los tres casos se sumaron a un historial de inconductas dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Lo llamativo, señala el medio, es que los imputados son precisamente quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y custodiar el orden público.
Neumáticos robados del taller policial en Rivadavia
El primero de los casos comenzó con un allanamiento en el barrio Natania XX, en Rivadavia. Los investigadores buscaban objetos robados y encontraron 28 cubiertas nuevas para autos, camionetas y motos. Los precintos y números de registro permitieron establecer que pertenecían al patrimonio de la División Automotores de la Policía de San Juan.
La pista condujo hasta el cabo Franco Narváez, integrante de ese taller, señalado como quien habría llevado los neumáticos hasta la vivienda de un familiar. Cuando los investigadores llegaron a su domicilio, ni Narváez ni las cubiertas estaban allí. La fiscal Claudia Salica solicitó su captura. Finalmente, el efectivo se presentó voluntariamente ante la UFI Delitos contra la Propiedad y quedó detenido.
La investigación apunta a determinar cómo salieron los neumáticos del depósito policial, desde cuándo se desarrollaba la maniobra y si hubo otros integrantes de la fuerza involucrados. La Justicia evalúa si se trató de un hecho aislado o de una modalidad de sustracción sistemática que pudo comprometer a más efectivos.
Referente en uso de Taser, detenido por no pagar en un supermercado
El caso del oficial inspector Matías Carrizo sumó un componente especialmente paradójico. Integrante del GERAS, Carrizo se había convertido en uno de los referentes provinciales en el manejo de pistolas Taser: viajó a Estados Unidos para capacitarse y luego quedó al frente de los talleres destinados a instruir a otros policías en el uso del arma.
En septiembre, las cámaras de un supermercado de la Capital lo registraron intentando salir con productos que no había abonado. Abonó parte de la compra, pero dejó otros artículos dentro del carro y trató de retirarse sin pagarlos. Los guardias lo interceptaron en la puerta. Ante la intervención policial y judicial, Carrizo reconoció que llevaba mercadería sin pagar. El monto rondaba los 76.000 pesos.
El efectivo ofreció abonar los productos y la empresa decidió no radicar la denuncia. El fiscal aplicó un criterio de oportunidad y no impulsó una causa penal. Sin embargo, el episodio no quedó sin consecuencias institucionales: la Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario y la Secretaría de Seguridad dispuso su suspensión preventiva por al menos 30 días sin goce de haberes. Dentro de la fuerza, el tratamiento del caso generó malestar por el contraste con sanciones aplicadas a otros agentes en situaciones similares.
Policía condenado por usar la tarjeta de su compañero de guardia en Chimbas
El tercer caso ocurrió puertas adentro de la Comisaría 17ª, en Chimbas. Martín Isaías Gómez, de 25 años, aprovechó que su compañero de guardia había dejado la mochila en la dependencia, extrajo la billetera y se apropió de la tarjeta de débito. Con ese plástico realizó cinco operaciones por unos 80.000 pesos en comercios cercanos a la comisaría: un lavadero, una gomería, un maxikiosco y una cafetería. Las cámaras de seguridad registraron al propio policía utilizando la tarjeta ajena frente a los posnet.
La maniobra quedó al descubierto cuando el dueño de la tarjeta terminó su turno y comenzó a recibir las notificaciones de las compras. Al revisar los movimientos, comprobó que todas las operaciones se habían realizado en las inmediaciones de la comisaría. Al consultar en uno de los comercios, supo que quien había utilizado el plástico era un policía. Gómez fue detenido, las pruebas se acumularon con rapidez y el efectivo terminó reconociendo su responsabilidad.
En un juicio abreviado, la Justicia lo condenó a tres años de prisión condicional por hurto simple agravado por su condición de funcionario policial y estafas reiteradas. El expediente reveló además que Gómez ya había sido relegado a tareas de escribiente y no portaba arma reglamentaria a causa de una falta anterior. Por un botín de 80.000 pesos, sumó una condena penal a ese antecedente disciplinario.
Tres situaciones distintas, una misma línea cruzada
Los tres casos presentan contextos y modalidades diferentes: robo al patrimonio institucional, sustracción en un comercio y hurto a un compañero de trabajo. Sin embargo, tiempodesanjuan.com los agrupa bajo una misma línea: efectivos que, en lugar de custodiar bienes y hacer cumplir la ley, habrían utilizado su posición o el acceso que les otorgaba la función para cometer delitos.
En los tres casos, las investigaciones siguen en curso o dejaron consecuencias administrativas y penales concretas. El de Narváez permanece abierto para determinar el alcance real de la sustracción de neumáticos. El de Carrizo derivó en una suspensión institucional pese a que la vía penal no prosperó. El de Gómez cerró con condena judicial.
Source: Google News PR — San Juan