Abogados de Arce piden libertad y acuden a organismos internacionales
El equipo legal del exgobernante Luis Arce Catacora solicitó ante tribunales nacionales la conclusión de su reclusión preventiva, vigente desde diciembre por supuestos delitos vinculados al antiguo fondo indígena. Además, recurrieron a instancias hemisféricas de derechos humanos.
Abogados de Arce piden libertad y acuden a organismos internacionales
Los representantes legales del exjefe del Estado boliviano Luis Arce Catacora presentaron un escrito ante la justicia ordinaria solicitando que se decrete el cese de la medida de encierro que pesa sobre él desde mediados de diciembre. La restricción fue decretada en el marco de la primera investigación que enfrenta, relacionada con el extinto fondo indígena.
Fernando Rivadeneira, encargado de la defensa, argumentó que los presupuestos que originaron la cautelar ya no subsisten. Mencionó que se alegaba riesgo de fuga, posible interferencia con quienes declararían en el proceso y existencia de evidencia. Este último punto, según el jurista, perdió fuerza luego de que la administración de turno renovó por completo el equipo de personas asignado al expediente.
La aprehensión del exmandatario se produjo el 10 de diciembre de 2025 en Sopocachi, zona céntrica de La Paz. La imputación tuvo curso porque en el período en que ocurrieron los actos bajo escrutinio, Arce ocupaba la cartera de Economía, circunstancia que le privaba de fuero especial. A partir de ese momento, se le sumaron otras cuatro investigaciones.
El letrado calculó que entre el inicio de la próxima semana y su segundo día laborable podría celebrarse la audiencia para resolver la petición de excarcelación, toda vez que el juzgador cuenta con tres días para convocar a las partes desde que se presentó la solicitud.
Por otro lado, la defensa elevó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado plurinacional ya fue notificado del reclamo, que actualmente se encuentra en fase de acopio de antecedentes. Rivadeneira afirmó que el encierro de su cliente responde a motivaciones de carácter político, pues considera que existe una manifiesta voluntad de extender la privación de libertad sin sentencia.
Según la normativa del ente regional, previo a la admisión formal de un reclamo y su correspondiente numeración, los interesados deben satisfacer determinados requisitos procesales. Cuando se emite el dictamen de admisibilidad, la queja se transforma en expediente y accede a la etapa sustantiva.
Fuente: El Deber
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