Expertos ONU piden justicia por asesinato del magistrado Víctor Claure en Santa Cruz

El magistrado agroambiental Víctor Claure fue asesinado el 30 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Expertos de la ONU exigen una investigación independiente y protección al poder judicial.

Expertos ONU piden justicia por asesinato del magistrado Víctor Claure en Santa Cruz

Expertos de la ONU exigen justicia tras asesinato del magistrado Víctor Claure Hinojoza

Según srdefenders.org, expertos de las Naciones Unidas exigieron este 8 de septiembre al Gobierno de Bolivia que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato del magistrado Víctor Claure Hinojoza, esclarezca los motivos del crimen y garantice una reparación a su familia.

El magistrado Claure, decano del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, fue asesinado el 30 de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Dos individuos que circulaban en motocicleta le dispararon cuatro balas a quemarropa; Claure murió en el lugar de los hechos. Antes de convertirse en juez, había desarrollado su carrera en el servicio público técnico del sector agrario y en la defensa de los derechos ambientales.

"Este brutal asesinato constituye un grave ataque a la independencia judicial, al derecho al ambiente sano y al Estado de derecho", afirmaron los expertos de la ONU. "Instamos a las autoridades bolivianas a que lleven a cabo una investigación eficaz e independiente sobre el asesinato, que lleven a los responsables ante la justicia, se aseguren de aclarar los motivos del crimen y de implementar medidas de no repetición".

Casi cuatro meses después del crimen, cuatro personas han sido detenidas como sospechosas de haber recibido y guardado la motocicleta utilizada por el sicario. Sin embargo, ni el autor material del disparo ni quien habría ordenado el asesinato están en manos de la justicia.

Los expertos señalaron que el aparente asesinato por encargo podría estar vinculado con las funciones oficiales del magistrado, en particular con su labor en la defensa y protección del medio ambiente. En los meses previos a su muerte, Claure había trabajado en casos relacionados con la minería ilegal, los incendios forestales y el acaparamiento de tierras.

"Las consecuencias del asesinato son devastadoras, no solo para el poder judicial y el Estado de derecho de Bolivia, sino también para la familia de la víctima", señalaron los expertos. "Las autoridades bolivianas deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la rendición de cuentas y para proteger a los miembros del poder judicial".

Los expertos advirtieron que los ataques o actos de intimidación contra actores judiciales que intervienen en la protección de derechos ambientales pueden menoscabar tanto la independencia judicial como la realización efectiva de derechos humanos. "El asesinato de un juez tiene un inevitable efecto disuasorio en todo el poder judicial si no va seguido de una investigación eficaz, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables", agregaron.

"Los riesgos a los que se enfrentaba el magistrado debido al tipo de casos que llevaba no son aislados: el poder judicial necesita una protección eficaz al abordar cuestiones ambientales", sostuvieron.

Los expertos también reclamaron respaldo para la familia de Claure, instando al Gobierno a garantizarle las condiciones necesarias para vivir con seguridad y con un nivel de vida digno. Entre las medidas solicitadas figuran pensiones de supervivencia, becas educativas, una indemnización por muerte violenta en el cumplimiento del deber y asistencia inmediata para los gastos del funeral.

"Deben adoptarse medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad del poder judicial", afirmaron. "Las normas internacionales establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejercen funciones judiciales estén libres de intimidaciones y amenazas, así como la obligación de proteger a las personas que defienden el ambiente. Es responsabilidad de los Estados garantizar y proteger su vida y su libertad, tanto en su calidad de funcionarios judiciales como de personas individuales".

Los expertos de la ONU comunicaron formalmente sus preocupaciones al Gobierno de Bolivia.

Source: Google News BO — Crime

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