Caso ProCultura: juzgado de Antofagasta se declara incompetente y causa pasa a Santiago
El Juzgado de Garantía de Antofagasta transfirió la arista regional del caso ProCultura al 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La defensa de Alberto Larraín calificó la formalización del Ministerio Público como "mal planteada".
Caso ProCultura: juzgado de Antofagasta cede competencia a Santiago tras impugnación de la defensa
Según informó latercera.com, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente este martes para conocer la arista regional del caso ProCultura, ordenando que los antecedentes sean remitidos al 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La resolución representa un nuevo revés para el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco de esta investigación.
La solicitud de incompetencia fue presentada por el abogado Cristián Arias, defensor de Alberto Larraín, y fue respaldada de inmediato por la defensa de María Constanza Gómez. El argumento central fue que los convenios cuestionados fueron suscritos por Gómez en Santiago, específicamente en la comuna de Las Condes, mediante firma electrónica.
La jueza fundamenta la competencia en el lugar del desvío de fondos
La jueza María José Saavedra acogió la petición pese a la oposición del fiscal Cristián Aguilar y del CDE. En su resolución, Saavedra señaló que el territorio donde se fija el principio de ejecución del delito investigado corresponde a la comuna de Las Condes, dado que allí se encontraba la sucursal bancaria donde se administraban las cuentas corrientes de la fundación hacia las que se transfirieron los fondos supuestamente distraídos.
"Según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito. En el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos", sostuvo Saavedra.
La magistrada precisó además que "ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana".
En caso de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago no acepte la competencia, la contienda quedará trabada ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Contexto: seis delitos de apropiación indebida
La formalización fue presentada por el fiscal Aguilar contra Larraín y Gómez, ambos representantes de la ONG ProCultura, como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida. Los cargos están vinculados a convenios suscritos entre la fundación y el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de esa misma región.
Defensa de Larraín arremete contra el Ministerio Público
Consultado por La Tercera, el abogado Arias fue categórico al evaluar la resolución. "Nuevamente el Ministerio Público plantea mal la imputación en el caso ProCultura. Esto es un rechazo de forma, lo que no significa que no vayamos a discutir nuevamente que hay un error en el fondo, pero ya de entrada está mal planteada la formalización del Ministerio Público", afirmó.
Arias subrayó que la resolución de incompetencia no implica que el tribunal ni la defensa admitan los hechos imputados. "Se dice que, bajo el supuesto de ser efectivos los hechos que imputa, quien debe conocer de estos hechos es el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago. Ahí y donde sea vamos a seguir sosteniendo que los hechos que imputa el Ministerio Público a Alberto Larraín no son constitutivos de delito", agregó el penalista.
El defensor atribuyó la situación a un reordenamiento de la estrategia del Ministerio Público. A su juicio, la Fiscalía "debió abandonar su postura inicial de que en el caso ProCultura había un fraude al Fisco, un esquema de defraudación, dado el mal resultado que tuvo en Santiago", y habría optado por reformular la imputación hacia una "supuesta apropiación indebida por distracción", siguiendo en ello al CDE.
"Al hacer esto, esta contorsión, la imputación queda mal formulada, tanto en la forma como en el fondo, como lo vamos a discutir en el tribunal que en definitiva termine conociendo esta formalización que está completamente distorsionada respecto a lo que se ha hecho en el caso ProCultura", cerró Arias.
El traslado de la causa implica que la tramitación deberá reiniciarse ante el tribunal capitalino, añadiendo una nueva demora a un proceso que ya ha acumulado sucesivos contratiempos para la persecución penal.
Source: Google News CL — Santiago