Más de 218.000 denuncias por robo de identidad golpean el sistema financiero colombiano en medio año
La cifra, reportada por la asociación bancaria del país, refleja el crecimiento del fraude digital y la sofisticación de las bandas que operan en el ciberespacio.
Más de 218.000 denuncias por robo de identidad golpean el sistema financiero colombiano en medio año
El primer semestre del año dejó un saldo preocupante para la banca nacional: 218.031 quejas de clientes que fueron víctimas de engaños mediante el uso indebido de sus datos personales. La cifra, divulgada por la asociación que agrupa a las entidades financieras del país, evidencia que el delito cibernético ya no es un fenómeno marginal, sino una amenaza estructural que crece sin pausa.
Los estafadores han perfeccionado sus tácticas. Ya no se limitan a clonar tarjetas o enviar correos falsos; ahora construyen perfiles completos con información robada, abren cuentas a nombre de terceros y mueven recursos a través de plataformas digitales. La transformación tecnológica que ha vivido la nación —con la masificación de pagos por celular, compras por internet y banca en línea—, aunque ha facilitado la vida cotidiana, también ha ampliado la superficie de ataque para quienes lucran con la información ajena.
Un dato llamativo del informe es que, si bien el porcentaje general de operaciones sospechosas bajó al 2,3% durante 2025, el momento más vulnerable del proceso ya no es la transacción, sino el registro. El abrir una cuenta nueva se convirtió en la etapa más riesgosa, con un 7,2% de intentos catalogados como fraudulentos. Este desplazamiento del foco delictivo obliga a repensar dónde y cómo se protege al usuario.
El fenómeno no es exclusivo del territorio nacional. Organismos internacionales como INTERPOL advierten que las redes dedicadas a este tipo de ilícitos operan de manera transnacional, con células que se coordinan entre fronteras para explotar brechas en los sistemas de verificación de distintos países. La evaluación global de la organización policial señala que el fraude financiero se ha diversificado en volumen y sofisticación, impactando identidades, plataformas y economías enteras.
Ante esta realidad, el Congreso aprobó la Ley 2573 de 2026, una norma que endurece las obligaciones de las empresas digitales en materia de protección de datos y validación de identidades. La legislación establece que garantizar la seguridad de los clientes deja de ser una buena práctica voluntaria para convertirse en un deber legal. Quienes no cumplan con los estándares podrían enfrentar sanciones.
Representantes del sector privado reconocen el dilema que enfrentan. Por un lado, los controles más estrictos pueden ahuyentar a consumidores que buscan agilidad; por el otro, la permisividad expone a la institución a pérdidas millonarias y al desgaste de su reputación. Una encuesta citada por ejecutivos del área indica que ocho de cada diez firmas locales consideran que el temor a ser estafado reduce la cantidad de personas que completan sus registros en línea, y que más de la mitad ha detectado un aumento en el abandono de trámites por exigencias de seguridad consideradas excesivas.
La apuesta, según especialistas, está en desarrollar herramientas que analicen el comportamiento del usuario en tiempo real sin generar fricción innecesaria. Modelos basados en riesgo y biometría conductual permiten detectar anomalías durante la navegación sin exigir al cliente honesto múltiples pasos de verificación. El reto para el segundo semestre será que las compañías logren implementar estas soluciones a tiempo para cumplir con lo que exige la nueva ley.
_Fuente: ITSitio_
Source: Google News CO — Crime