Condena por fraude universitario a exfuncionaria en Colombia reaviva debate sobre control académico
Juliana Guerrero fue sentenciada a tres años de prisión por inscribir títulos falsos en el SIGEP. El caso reabre la discusión sobre los controles en la educación superior colombiana.
Exfuncionaria sentenciada por inscribir títulos falsos en sistema público de empleo
Juliana Guerrero, exfuncionaria, fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal tras admitir ante la Fiscalía General de la Nación haber registrado títulos académicos que nunca obtuvo, informa pulzo.com. El preacuerdo con la Fiscalía se concretó después de que Guerrero reconociera haber ingresado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) una serie de diplomas y certificados sin haber cursado los programas correspondientes.
La investigación identificó a la Fundación Universitaria San José como el origen de los documentos fraudulentos. Guerrero habría obtenido títulos de esa institución sin asistir a clases ni cumplir requisitos fundamentales, entre ellos la presentación de las pruebas Saber Pro. La universidad respondió que fue víctima de una "red de fraude interno" impulsada por exempleados, con lo cual buscó desligarse de responsabilidad directa en la emisión irregular de sus diplomas.
El caso reaviva preguntas sobre la solidez de los mecanismos de verificación que aplican tanto las instituciones educativas como las entidades del Estado al momento de validar credenciales académicas.
Antecedentes en el sector universitario colombiano
El escándalo no es el primero que sacude a la educación superior en el país. En 2019, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) fue objeto de una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación. En ese proceso se indagaron presuntas irregularidades en convenios de ciencia y tecnología financiados con regalías en Córdoba, cuyo monto habría superado los $43.000 millones.
Años antes, la Fundación Universitaria San Martín había protagonizado otro episodio de alcance institucional: irregularidades financieras y administrativas derivaron en la intervención directa del gobierno. Ese caso fue el detonante de la Ley 1740 de 2014, norma orientada a fortalecer las funciones de inspección y vigilancia sobre las universidades colombianas.
Aunque los casos mencionados no responden al mismo esquema delictivo ni permiten trazar responsabilidades generalizadas, la condena a Guerrero coloca nuevamente en el centro del debate la efectividad de los controles institucionales sobre los títulos académicos y su registro en sistemas oficiales de empleo público.
Source: Google News CO — Crime