El oro se convierte en la nueva cocaína de los cárteles colombianos
La minería ilegal de oro y coltán amenaza la paz en Tolima, Colombia, donde grupos armados controlan la extracción y extorsionan a los pobladores.
El oro se convierte en la nueva cocaína de los cárteles colombianos
La explotación ilegal de oro y coltán está desatando una nueva ola de violencia en el departamento de Tolima, en el centro de Colombia. Lo que antes era una región de paz tras el acuerdo con las Farc, ahora enfrenta el regreso del crimen organizado, según un reportaje de NZZ.
Andrés Enciso, un joven de 28 años, tuvo que abandonar su hogar rural en 2008 junto con sus seis hermanos debido a los secuestros y atentados que eran frecuentes en la zona. Diez años después, tras el acuerdo de paz de 2016, regresó y encontró una región transformada donde los campesinos cultivaban café y la estabilidad parecía posible.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. "Las minas ilegales se expanden como un cáncer", afirma Enciso. La promesa de riqueza rápida atrae a personas de fuera, y con ellas regresan los conflictos violentos. Los secuestros y las extorsiones han vuelto: quienes tienen trabajo estable o poseen tierras son obligados por bandas criminales a pagar sumas de dinero bajo amenaza de que maten a sus familiares.
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, confirma que la violencia ya ha regresado. "No es que temamos que la violencia pueda volver: ya está aquí", declaró. En el municipio de Ataco, centro de la fiebre del oro en el sur del departamento, se registraron dos homicidios el año pasado, pero solo hasta mediados de mayo de este año ya suman diecisiete muertes violentas. La prostitución, los sicariatos y el narcotráfico han aumentado, según la mandataria.
Disidentes de las Farc y grupos ilegales controlan la zona. Cobran peaje por cada máquina que ingresa y exigen el quince por ciento de la producción aurífera. La gobernadora culpa al gobierno del presidente Gustavo Petro por haber detenido los procesos de licencia para la minería legal, lo que ha generado un vacío que los ilegales aprovechan.
Juan Camilo Nariño, presidente de la asociación minera nacional, critica la política gubernamental. Mientras el mundo crea incentivos fiscales para atraer inversiones mineras, Colombia hace lo contrario, lo que permite que grupos criminales dominen la extracción de recursos naturales con consecuencias ambientales devastadoras.
Source: NZZ