Santiago Uribe Vélez condenado a 28 años de prisión por paramilitarismo y homicidio
La Corte Suprema de Colombia ratificó la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe por liderar el grupo paramilitar Los 12 apóstoles.

Corte Suprema confirma condena de 28 años contra hermano de Álvaro Uribe
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó en última instancia la condena a 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Según informa elpais.com, la Sala Plena del tribunal supremo determinó que Uribe Vélez fue el jefe de la estructura paramilitar conocida como Los 12 apóstoles, que en los años noventa ejecutó un plan sistemático de asesinatos en connivencia con agentes del Estado.
El fallo, de 605 páginas, se centra en concreto en el asesinato de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus baleado por sicarios el 25 de febrero de 1994 en un municipio de Antioquia, tras ser señalado falsamente como colaborador de la guerrilla.
Un proceso judicial que se remonta a 1995
El proceso tiene sus raíces en 1995, cuando Santiago Uribe comenzó a ser investigado por la conformación de Los 12 apóstoles, grupo creado en 1992 por ganaderos, empresarios, policías e incluso un sacerdote que buscaban frenar la expansión guerrillera en el norte de Antioquia. La organización actuaba como una estructura de "justicia privada" y ejecutó un plan de exterminio en los municipios de Campamento, Yarumal y Valdivia.
La investigación fue archivada en 1999, pero resurgió en 2010 gracias a las declaraciones del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien apuntó de nuevo a Uribe Vélez como uno de sus líderes. Según una de las sentencias, Meneses declaró que "dentro de la hacienda La Carolina, (Santiago Uribe) le enseñó una pista de entrenamiento paramilitar y le mostró una lista con nombres de entre 20 y 25 personas con presuntos vínculos con la guerrilla, a quienes el sindicado quería asesinar. Entre ellos figuraba Camilo Barrientos Durán".
En febrero de 2016, la Fiscalía capturó a Santiago Uribe, quien permaneció privado de la libertad de forma preventiva durante dos años. El proceso judicial que siguió tardó cerca de cuatro años en audiencias y otros tres para que un juez emitiera sentencia.
Absolución inicial y posterior condena
En noviembre de 2024, el fallo de primera instancia resultó absolutorio. El juez Jaime Herrera Niño reconoció que el grupo sí existió —"no es una narración periodística ni un cuento de miedo inventado por los medios de comunicación; sino una realidad dolorosa que vivió la población del norte de Antioquia"—, pero consideró que errores de la Fiscalía, un testigo estrella con credibilidad cuestionada y un cargo de homicidio impreciso lo condujeron a absolver al acusado.
Un año más tarde, en noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revirtió esa decisión. El tribunal concluyó que Santiago Uribe sí había dirigido "un grupo criminal que hacía limpieza social" y lo condenó a 28 años y 4 meses de prisión. La Corte Suprema de Justicia ratificó esa condena esta semana en segunda y última instancia.
La reacción de la familia Uribe y la defensa
El expresidente Álvaro Uribe calificó la noticia a través de X como un "tema devastador para mi familia". Su abogado Jaime Granados, quien también representaba a Santiago Uribe Vélez, rechazó el fallo y lo calificó de injusto. Pese a tratarse de una sentencia de última instancia, Granados anunció en un comunicado que continuará defendiendo a su cliente, argumentando que "los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado".
Más de 300 víctimas atribuidas al grupo
A Los 12 apóstoles, que posteriormente se alió con las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), se le atribuyen más de 300 asesinatos selectivos, además de desplazamientos, desapariciones y amenazas. Entre los episodios más graves figura su señalada participación en la Masacre del Aro. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las FARC, apunta a cifras aún mayores: 525 homicidios cometidos por sicarios que actuaban bajo sus órdenes. Aunque la JEP no acoge procesos vinculados con el paramilitarismo, ha recopilado testimonios y aceptado el sometimiento de antiguos paramilitares de manera excepcional.
El paramilitarismo vuelve a ensombrecer a los Uribe
Con esta decisión, los vínculos con el paramilitarismo regresan al centro del debate sobre la familia Uribe Vélez. El propio expresidente Álvaro Uribe, figura dominante de la derecha colombiana, ha sido señalado en diversas ocasiones por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, aunque ninguno de esos vínculos ha sido probado judicialmente.
Las dudas giran en torno a tres factores: que Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, período en que su hermano habría estado al mando de Los 12 apóstoles; que durante ese tiempo impulsó cooperativas privadas de seguridad conocidas como Convivir; y que, ya como presidente entre 2002 y 2010, lideró una polémica negociación con los principales grupos paramilitares que derivó en su desmovilización. El padre del expresidente fue asesinado por las FARC en 1983, hecho que marcó su carrera política y su postura de confrontación frontal con las guerrillas.
Source: Google News CL — Santiago