Sabotaje al sistema eléctrico cubano: penas de hasta 30 años según el Tribunal Supremo
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475 que califica como sabotaje los robos al Sistema Electroenergético Nacional. Las condenas superan los diez años de privación de libertad.
Tribunal Supremo Popular califica como sabotaje los delitos contra la red eléctrica nacional
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de Cuba dictó el Dictamen número 475, con fecha 23 de mayo de 2025, en el que reafirma que los actos ilícitos contra infraestructuras críticas del país —incluido el Sistema Electroenergético Nacional— constituyen el delito de sabotaje, según informa tribuna.cu.
El dictamen fue emitido en virtud del Artículo 148 de la Constitución de la República y el Artículo 29, apartado 1, inciso g), de la Ley No. 140, relativa a los tribunales de justicia.
Robo de componentes fotovoltaicos y combustibles, en el centro del problema
El documento judicial responde a una práctica que las autoridades describen como creciente: personas sustraen componentes, piezas, recursos, combustibles y aceite dieléctrico pertenecientes a parques fotovoltaicos, paneles solares y grupos electrógenos, entre otros bienes del sistema energético estatal. Según el dictamen, esas conductas afectan directamente al Sistema Electroenergético Nacional y comprometen la estrategia gubernamental destinada a mitigar el déficit energético.
El Consejo de Gobierno señala que tales hechos encuadran en el delito de sabotaje previsto en el Artículo 125 de la Ley No. 151, Código Penal, promulgado el 22 de mayo de 2022. Dicho artículo protege el normal funcionamiento de bienes públicos, la seguridad y estabilidad del Estado y sus instituciones, así como cualquier actividad que el Estado considere prioritaria, como el programa energético.
Penas de siete a treinta años, o pena de muerte en casos agravados
El Artículo 125 del Código Penal establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad para quien, con el propósito de impedir u obstaculizar el uso normal de infraestructuras energéticas, las destruya, altere, dañe o perjudique.
Las penas se elevan a un rango de diez a treinta años, privación perpetua de libertad o pena de muerte cuando concurra alguna de estas circunstancias:
- Se ocasionen lesiones graves o la muerte de alguna persona.
- Se utilicen fuego, explosivos, agentes químicos o biológicos u otros medios capaces de producir consecuencias graves.
- Se ponga en peligro la seguridad colectiva.
- Los bienes afectados pertenezcan a las reservas materiales del Estado.
Agravantes aplicables y restricciones a la libertad condicional
El Artículo 80 del Código Penal permite a los tribunales apreciar circunstancias agravantes según cada caso. Entre ellas figuran la participación como miembro de un grupo de tres o más personas, la intervención de menores de dieciocho años, el empleo de medios que provoquen peligro común, el aprovechamiento de la nocturnidad, el móvil de lucro y haber actuado bajo los efectos de alcohol o drogas con el propósito de delinquir.
Respecto a la libertad condicional, el Artículo 89, apartado 2, del mismo cuerpo legal dispone que los sancionados deberán haber extinguido al menos dos tercios de la condena impuesta antes de que pueda evaluarse ese beneficio.
Condenas superiores a diez años en todos los casos juzgados en 2025 y el primer trimestre de 2026
Según los datos recogidos en el dictamen y reproducidos por tribuna.cu, las salas de Delitos contra la Seguridad del Estado de los tribunales provinciales populares impusieron, en el período enero-diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026, condenas de privación de libertad superiores a diez años al cien por ciento de las personas juzgadas por estas causas.
Junto a las penas principales, los tribunales aplicaron medidas accesorias: prohibición de frecuentar determinados lugares, comiso, confiscación de bienes y prohibición de salida del territorio nacional con sujeción al pago de la responsabilidad civil.
El Consejo de Gobierno subraya que los tribunales han actuado "con el rigor y la racionalidad que dichas conductas exigen, a partir de la gran lesividad social de hechos de esta naturaleza".
Contexto: programa energético estatal bajo presión
El Estado cubano enmarca estas medidas en el contexto del bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos, frente al cual el Gobierno ha puesto en marcha un programa destinado a garantizar la generación eléctrica. Las autoridades sostienen que el robo de materiales pertenecientes a la infraestructura energética obstaculiza directamente ese esfuerzo y perjudica a la población.
(Fuente original: Cubadebate, vía tribuna.cu)
Source: Google News CU — La Habana