Begoña Gómez pide su absolución y niega los cuatro delitos ante el juicio con jurado
La defensa de la esposa del presidente Sánchez solicita sentencia absolutoria y asegura que su vínculo con la UCM es anterior a que él ocupara cargo público.
La defensa de Begoña Gómez reclama la absolución y acusa a las acusaciones populares de actuar de mala fe
La defensa de Begoña Gómez presentó este lunes su escrito de conclusiones ante la causa que podría llevarla a juicio con jurado popular. Según informa El País, el abogado de la esposa del presidente del Gobierno, el exministro socialista Antonio Camacho, solicita que se dicte "sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables" y afirma que "los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno".
Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, piden para Gómez 24 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación. La defensa rechaza cada uno de esos cargos y sostiene que la conducta atribuida a su representada "no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados".
Un proceso que arranca en 2024 tras denuncia de Manos Limpias
El juez Juan Carlos Peinado abrió la causa en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias. La instrucción, que ha durado dos años y ha generado una intensa polémica, examinó la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), incluido el desarrollo de un software para dicho centro.
A partir de esos hechos, el instructor apreció indicios de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Posteriormente amplió la investigación para determinar si se produjo un desvío de fondos públicos al contratar como asesora a Cristina Álvarez —quien también ha sido enviada a juicio junto a Gómez y al empresario Juan Carlos Barrabés— con el fin de que colaborara en la actividad privada de la esposa del presidente en lugar de en su labor institucional. En esa tesis descansa la imputación por malversación.
La defensa propone su propio relato de los hechos
A lo largo de 23 páginas, Camacho construye un "relato fáctico alternativo" al de las acusaciones. En él subraya que Begoña Gómez inició su colaboración con la Complutense en 2012, "momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad política alguna". Según la defensa, esa labor académica se desarrolló de forma paralela a su actividad profesional en la empresa Inmark, de la que se alejó en 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa, para "evitar cualquier conflicto de intereses".
Respecto a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), el escrito precisa que Gómez asumió su codirección en octubre de 2020, "previo ofrecimiento expreso por parte de la propia UCM", en atención a su experiencia previa en la codirección de dos másteres en la misma universidad. La defensa recuerda que las cátedras extraordinarias de la Complutense operan al margen de la estructura financiada con fondos públicos, no conllevan retribución económica para quien las dirige y no exigen titulación universitaria superior. Con ello niega que su representada se haya lucrado de esa relación institucional.
El nombramiento se formalizó en octubre de 2020 tras una reunión mantenida en julio de ese año en La Moncloa —"que desde 2018 constituye la residencia familiar" de Gómez— y se materializó con la firma del convenio correspondiente. La defensa insiste en que el término "Transformación Social Competitiva" fue "elegido personalmente" por Begoña Gómez, quien así lo propuso a la universidad.
Solicita la condena en costas de las acusaciones populares
Junto a la petición de absolución, Camacho reclama que se condene en costas a las acusaciones populares por haber actuado "con temeridad y mala fe". A juicio de la defensa, Hazte Oír y las demás acusaciones han actuado "con fines distintos a la legítima persecución del delito, instrumentalizando el proceso penal como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional" con el objetivo de fabricar "un clima de sospecha generalizada" sobre Gómez.
Más de veinte testigos propuestos, incluido uno que el juez rechazó
Pese a mantener que los hechos no son constitutivos de delito, la defensa propone para el eventual juicio más de una veintena de testigos. Entre ellos figuran cargos de la UCM como el rector Joaquín Goyache, empresarios como Rosauro Varo y Miguel Escassi, los propios acusados y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron informes clave de la causa.
La defensa reclama además que en la audiencia preliminar se tome declaración a José Manuel Ruano, profesor de la UCM y codirector de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, diligencia que Peinado ha denegado en reiteradas ocasiones. Camacho califica de "sorprendente" que se haya escuchado a "decenas de testigos, incluso algunos varias veces", mientras el juez ha negado el testimonio de "la única persona, junto a mi representada, que dirigía la citada cátedra extraordinaria".
El juicio con jurado popular, que también juzgará a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés, se celebrará una vez concluida la fase de conclusiones de acusaciones y defensas.
Source: El País