Nueve años de inhabilitación para el hermano del presidente Sánchez por prevaricación en Badajoz
El Tribunal Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo español, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa junto a otros nueve acusados.
Nueve años de inhabilitación para el hermano del presidente Sánchez por prevaricación en Badajoz
El Tribunal Provincial de Badajoz ha impuesto una sanción de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La pena responde al delito de prevaricación administrativa. Otros nueve encausados han recibido idéntica condena, mientras que Miguel Ángel Gallardo, ex responsable de la Diputación de Badajoz y antiguo dirigente autonómico del PSOE, ha sido sancionado con dieciocho meses de privación de cargo.
Los hechos juzgados se remontan a 2017, cuando David Sánchez, de profesión músico y director de orquesta, fue nombrado jefe de la oficina de Espectáculos de la administración provincial. Según el fallo, los condenados articularon de manera irregular una plaza "inútil y carente de contenido", que no respondía a ninguna urgencia ni necesidad, pensada para que la ocupara el familiar del líder del partido socialista. Los baremos para valorar a los aspirantes se redactaron una vez presentados los currículos, y la denominación del puesto fue alterada para ajustarse al perfil del hermano del mandatario.
Las irregularidades fueron denunciadas por la asociación conservadora Manos Limpias y por la formación política Vox. El Ministerio Fiscal había pedido el archivo inicialmente, y durante la vista oral solicitó la libre absolución de todos los acusados. El magistrado destacó que no quedó acreditada la existencia de presiones sobre los imputados para crear la plaza, motivo por el cual el delito de tráfico de influencias quedó desestimado. Las acusaciones populares, ejercidas por el Partido Popular y Vox, habían reclamado penas de hasta seis años de cárcel.
La resolución, que se extiende a lo largo de 377 folios, sostiene que los sancionados tenían pleno conocimiento del plan "premeditado". En el transcurso del proceso, decenas de testigos desvirtuaron buena parte del informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La sentencia ha desatado un intenso debate político. El titular de Transportes, Óscar Puente, del PSOE, ha asegurado que el único propósito del veredicto es "derrocar un Ejecutivo ante la imposibilidad de lograrlo mediante el voto". Los socios de izquierda de Sumar han calificado la resolución de desproporcionada. Desde la derecha, la portavoz del Partido Popular ha calificado la jornada de "histórica" y ha señalado que en cualquier otra nación democrática tal veredicto provocaría la caída del Gabinete.
La medida de inhabilitación comportaría la pérdida inmediata de los cargos de todos los condenados, aunque la sentencia aún no es firme y admite recurso.
Fuente: Il Fatto Quotidiano
Source: Il Fatto Quotidiano - Cronaca