Zapatero afronta imputaciones fiscales y de contrabando tras el hallazgo de joyas por valor de 1,3 millones
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa al expresidente del Gobierno varios ilícitos tributarios y de contrabando tras descubrir un conjunto de piezas de lujo en su despacho.
Zapatero afronta imputaciones fiscales y de contrabando tras el hallazgo de joyas por valor de 1,3 millones
El magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero diversos ilícitos tributarios e incluso de contrabando, según informa El Mundo. La investigación arrancó tras localizarse un despliegue de piezas de joyería tasado en 1,3 millones de euros en la caja fuerte del bufete del exjefe del Ejecutivo.
El juez, que ya vinculaba a Zapatero con la dirección de una red de blanqueo y tráfico de influencias en una ramificación del caso Plus Ultra, ha decidido abrir una pieza independiente. El auto considera que la tenencia de objetos suntuosos de gran cuantía, sumada a la ausencia de rastro fiscal sobre su procedencia, apunta a una posible elusión tributaria de envergadura.
Según el magistrado, la adquisición de alhajas de tal envergadura acarrea obligaciones fiscales en IVA, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según el tipo de operación. El escrito también contempla que las piezas pudieron entrar en territorio español sin supervisión aduanera, lo que supondría un ilícito de contrabando si el perjuicio supera los 150.000 euros.
El inspector tributario Francisco de la Torre ha aclarado que, una vez en marcha las actuaciones judiciales, el artículo 305 del Código Penal ya no permite al imputado ponerse al día con la Agencia Tributaria. Esta norma solo faculta la regularización voluntaria antes de que la Fiscalía o el instructor tomen conocimiento formal del inicio de las pesquisas.
De la Torre ha indicado que, de no haber presentado ya las declaraciones complementarias, pagar ahora solo serviría como atenuante, pero no borraría la responsabilidad criminal. Para calibrar la gravedad, serán determinantes la antigüedad de las ganancías ocultas y su procedencia.
En el IRPF, un enriquecimiento no justificado que supere los 120.000 euros —gravado al 46%— configuraría un delito contra la Hacienda. Queda por determinar la posible prescripción y el número de ejercicios en los que se omitieron rentas.
Source: El Mundo