Piezas de alta joyería no declaradas sitúan al expresidente Zapatero en el punto de mira por presunta evasión fiscal y contrabando
Un alijo de piedras preciosas tasado en 1,3 millones de euros, del que ni la Agencia Tributaria ni Aduanas tienen constancia, ha llevado al juez Calama a imputar al exmandatario dos ilícitos penales.
Piezas de alta joyería no declaradas sitúan al expresidente Zapatero en el punto de mira por presunta evasión fiscal y contrabando
Un conjunto de alhajas valorado en 1.323.915 euros, hallado en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ha desencadenado una pieza separada en la Audiencia Nacional que apunta a dos delitos graves: estafa a la Hacienda Pública y contrabando. El instructor, José Luis Calama, ya ha notificado la imputación al exmandatario, quien deberá comparecer próximamente.
La peculiaridad del caso radica en que ni la AEAT ni las autoridades aduaneras poseen el más mínimo registro sobre la procedencia o titularidad de esas piedras preciosas. Según el auto, esta ausencia de trazabilidad constituye por sí sola un indicio fundado de actividad delictiva.
En lo que respecta al fraude, el magistrado recuerda que la adquisición de objetos de lujo genera deberes tributarios ineludibles: liquidación del IVA, pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, posible obligación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e incluso repercusión en la base imponible del IRPF. Si la renta ocultada supera los 120.000 euros —aplicando el tipo marginal del 46%—, la conducta entra de lleno en el ámbito del artículo 305 del Código Penal.
El inspector Francisco de la Torre, que fue portavoz económico de Ciudadanos, señaló a este diario que todo depende de cuándo y cómo se obtuvieron las joyas. Si el dinero procedía de ingresos no declarados repartidos en varios años, la configuración delictiva podría multiplicarse, tal como sucedió en su momento con Rodrigo Rato.
Un experto fiscal que prefirió no identificarse realizó una estimación: para un contribuyente con residencia fiscal en Madrid, donde el tipo máximo es del 45%, una renta neta de 1.323.000 euros generaría una deuda con el Fisco cercana a los 600.000 euros.
En el capítulo del contrabando, el juez parte de la premisa de que bienes de semejante valor no pueden aparecer de la nada. Su tenencia sin documentación aduanera apunta a una introducción irregular en el territorio comunitario, eludiendo controles y aranceles. El límite para que el delito sea perseguido penalmente se sitúa en 150.000 euros de tributos defraudados.
De la Torre subrayó que, si las gemas cruzaron fronteras exteriores a la UE sin pasar por aduana, y los gravámenes evadidos superan esa cantidad, "tendríamos uno o varios contrabandos, potencialmente en forma continuada".
La estrategia defensiva se complica por el artículo 305.4 del Código Penal. Esta norma otorga inmunidad penal a quien regularice voluntariamente su situación antes de que el Ministerio Público o el juzgado inicien diligencias. Una vez abierta la pieza, pagar la deuda solo sirve como atenuante, no como borrón del delito.
José María Mollinedo, al frente de Gestha, ofreció una vía alternativa: si Zapatero demuestra cuándo adquirió las piezas, de quién y que esa fecha no encaja en los ejercicios 2021-2024, podría incluirlas en la declaración del IRPF de 2026 sin temor a sanción criminal.
Su propia organización sugirió otra salida: la prescripción. Si la compra se remonta a antes del 11 de junio de 2021, la acción del Estado podría haber caducado. Fotografías antiguas, certificados gemológicos o pólizas de seguro servirían para acreditarlo.
Pero De la Torre introdujo una advertencia crucial: el artículo 305 bis, relativo al fraude fiscal cualificado, contempla un plazo de diez años cuando el ilícito se ejecuta con sofisticación. Si el tribunal entiende que hubo planificación para ocultar el patrimonio, la prescripción quedaría lejos.
El auto le otorga al expresidente una última oportunidad: acreditar documentalmente que la posesión de esas joyas responde a una actividad lícita.
Fuente: El Mundo
Source: El Mundo