El Gobierno vasco concede el tercer grado a dos etarras con condenas de más de mil años
El Ejecutivo de Pradales otorga el tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo, presos en Martutene. Covite exige la dimisión inmediata de la consejera de Justicia.
Dos nuevas progresiones de grado para presos de ETA en Martutene
El Gobierno vasco del lehendakari Imanol Pradales ha concedido el tercer grado penitenciario a Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia, ambos reclusos en la cárcel de Martutene, en Guipúzcoa. Según adelantó el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y confirmó ABC a través de fuentes del Ejecutivo autonómico, la decisión se produce menos de un mes después de que el mismo gobierno otorgara idéntica medida a los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi' y Eneko Gogeaskoetxea.
Las dos nuevas progresiones están pendientes del visto bueno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que ejerce esas funciones al ser el tribunal competente en delitos de terrorismo y que aún no se ha pronunciado.
Olarra Guridi: mil años de condena y vínculos con la cúpula de ETA
Juan Antonio 'Jon' Olarra Guridi fue detenido en Francia en 2002 junto a su pareja sentimental, Ainhoa Mujika, jefa del aparato militar de ETA a finales de los años noventa. Formó parte primero del comando Donostia y posteriormente del comando Levante.
En 2011, la Audiencia Nacional le condenó a mil años de prisión por el atentado con coche bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, perpetrado el 6 de noviembre de 2001 en la calle del Corazón de María de Madrid y que causó 95 heridos. En 2024, el mismo tribunal lo reclamó además para ser juzgado por su papel como miembro de la cúpula de ETA en el atentado de 2002 contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), donde murieron Cecilio Gallego Alamino y Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años hija de un guardia civil.
Según los datos aportados por Covite, Olarra Guridi tiene fijada la fecha de extinción de su condena efectiva —limitada a 30 años— en 2036. Desde julio de 2025 ya contaba con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite conceder privilegios propios del tercer grado —como salidas diarias— a reclusos que se encuentran técnicamente en segundo grado, como fórmula para «flexibilizar» el cumplimiento de la pena.
Zabalo: tercer grado revocado y vuelta a prisión
Xabier Zabalo Beitia fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas que incluyen estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos. La Administración vasca ya le había autorizado una progresión al tercer grado en diciembre de 2024, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional la revocó en marzo de 2025 y Zabalo tuvo que regresar a prisión.
Tras esa decisión judicial, Sare, el colectivo de apoyo a presos vinculado a EH Bildu, organizó una manifestación en Villarreal de Urrechua, localidad natal del recluso.
Covite: "amnistía encubierta" y exigencia de dimisión
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aludió directamente a esa movilización: «Esa movilización no es un dato menor. Es la prueba de que estos presos siguen insertos en una red política y social que los reivindica como héroes y que sigue presentando sus condenas como un problema político, no como la consecuencia de rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes terroristas gravísimos».
La asociación califica estas nuevas concesiones como «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico viene aplicando a los presos de ETA. A juicio de Covite, el Gobierno vasco utiliza los terceros grados y el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario como instrumentos para acelerar la semilibertad de reclusos sin exigirles arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado que «todavía hoy legitima» el terrorismo de ETA.
El colectivo ha exigido la dimisión «inmediata» de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, responsable de la Administración Penitenciaria vasca desde el traspaso de competencias en octubre de 2021, por una política que, según Covite, «ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional».
Contexto judicial adverso para la política penitenciaria vasca
Las dos nuevas concesiones se producen en un momento de creciente rechazo judicial a las medidas del Gobierno vasco. En las últimas semanas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dejó sin efecto los artículos 100.2 otorgados a los etarras Soledad Iparraguirre 'Anboto' y Juan Ramón Carasatorre. Covite sostiene que esos autos «confirman exactamente lo que la asociación viene denunciando desde hace años: que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales».
La asociación pide además a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra los dos nuevos terceros grados y actúe para poner fin a lo que describe como una «política penitenciaria fraudulenta».
Source: ABC