El magistrado Peinado instruye una nueva pieza contra la mujer de Sánchez por irregularidades en contratos europeos
Una licitación de Red.es por más de cuatro millones, pagada con fondos comunitarios, habría prescindido de exigencias del pliego para favorecer a una firma del empresario Barrabés, según alertan la Fiscalía Europea y la Guardia Civil.
El magistrado Peinado instruye una nueva pieza contra la mujer de Sánchez por irregularidades en contratos europeos
El juzgado madrileño que dirige Juan Carlos Peinado ha decidido segregar una porción de la causa que sigue a Begoña Gómez para examinar posibles ilegalidades en una contratación pública gestionada por Red.es. La resolución, adoptada tras recibir sendas comunicaciones de la Fiscalía Europea y del equipo de la Benemérita especializado en delincuencia económica, apunta a infracciones contra la administración y un perjuicio a las arcas comunitarias.
El contrato bajo escrutinio correspondía al programa de asistencia empresarial "Acelera Pyme", dotado con poco más de cuatro millones de euros provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La empresa que se hizo con el servicio formaba parte de una UTE donde figuraba Innova Next SL, sociedad anteriormente vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, junto a la consultora KPMG y un tercer socio.
La alerta de la EPPO, fechada el 8 de junio, puso sobre la mesa del instructor indicios de que la mesa de contratación habría incumplido las bases del concurso al otorgar la máxima puntuación en uno de los criterios decisivos sin que la oferta ganadora aportara un documento obligatorio: el denominado "libro blanco". Este escrito era condición sine qua non para valorar la idoneidad técnica de las candidaturas.
Los analistas de la UCO, tras examinar la correspondencia electrónica vinculada al procedimiento, habrían constatado que los evaluadores conocían la carencia de dicho documento en la propuesta de la UTE que finalmente resultó premiada. Los mensajes recuperados contenían observaciones internas que aludían expresamente a esa falta, aunque los informes oficiales omitieron cualquier mención al respecto, lo que habría impedido que el resto de participantes pudieran reclamar.
Un mismo funcionario —identificado como Luis Prieto— rubricó las actas de valoración de los tres expedientes analizados, según consta en la documentación remitida al juzgado. El magistrado ha pedido al Ministerio Público que se pronuncie sobre la naturaleza delictiva de estos actos antes de avanzar en las pesquisas.
Esta ramificación del caso se suma a otras líneas ya abiertas sobre la gestión del Instituto de Emprendimiento de la Universidad Complutense durante el periodo en que Gómez estuvo al frente de esa entidad.
Fuente: ABC
Source: ABC