La UCO pide al juez los movimientos bancarios del PSOE y el PSC en seis entidades en 2024 y 2025
El juez Pedraz accede a la petición de la UCO de recabar los registros bancarios del PSOE en Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell. La unidad también reclama informes fiscales exhaustivos del PSC y de varias empresas implicadas en el caso Leire.
El juez Pedraz autoriza una radiografía financiera completa del PSOE en el caso Leire
El juez Santiago Pedraz ha accedido a una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para obtener todos los movimientos bancarios del PSOE en seis entidades —Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell— correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, según informan fuentes jurídicas. El requerimiento forma parte de la instrucción del denominado caso Leire, que Pedraz mantiene parcialmente bajo secreto. Así lo adelantó la SER y lo ha confirmado El País, que tuvo acceso a un oficio de la UCO fechado el pasado lunes.
La petición no se limita a los registros bancarios directos. La UCO solicita también que el juez requiera a la Agencia Tributaria un informe fiscal exhaustivo del PSOE y de su partido hermano en Cataluña, el PSC, así como de varias empresas y particulares presuntamente implicados en la trama. Entre ellos figuran el exsecretario de organización del PSOE Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y sociedades como Zaño Sociedad Consultores, el estudio jurídico y una empresa comercial de Oliver, Crónica Libre y, en el caso del PSC, el Grupo IKI —del que se mencionan "al menos" cinco sociedades.
Un control integral sobre la información financiera
Para todos estos sujetos, la UCO reclama datos sobre cuentas bancarias con titulares y autorizados, movimientos en efectivo, cheques, fondos de inversión, valores, seguros, bienes inmuebles urbanos y rústicos, transmisiones patrimoniales, hipotecas, declaraciones de impuestos, cajas de seguridad alquiladas y bienes en el extranjero. También solicita información sobre el modelo 750 —vinculado a procesos de regularización fiscal—, tráfico de divisas, importaciones y exportaciones, documentos únicos administrativos (DUA), pagos del Tesoro, operaciones intracomunitarias, planes de pensiones y cuentas con abonos superiores a tres millones de euros, un umbral que Hacienda utiliza para detectar movimientos de especial relevancia.
La UCO va más allá y pide al instructor que sus agentes puedan recabar información directamente de los bancos "de forma directa", sin necesidad de nuevos requerimientos judiciales intermedios. El oficio solicita expresamente que los bancos faciliten a la unidad "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" y que los agentes "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria (...) precisen para el esclarecimiento de los hechos". La UCO justifica esta petición de autonomía operativa en "el objetivo de agilizar las investigaciones".
El trasfondo: pagos a Leire Díez y la presunta trama
Las pesquisas apuntan a una investigación patrimonial y financiera integral sobre los circuitos de pago vinculados a la presunta trama. Según el sumario, en 2024 la presunta colaboradora del PSOE Leire Díez comenzó a manifestar en su entorno que quería que le pagara Santos Cerdán, a quien el juez atribuye indiciariamente haber puesto a disposición de la trama la estructura del partido. Díez mostró reparos a que el pago se canalizara a través del "despacho de Gaspar [Zarrías]", pero acabó siendo contratada en junio de 2024 y recibiendo pagos de 4.000 euros mensuales.
El juez entiende que posteriormente se articuló otro mecanismo con idéntico propósito: utilizar dos sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver. El PSOE abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros, pero Oliver empleó otra sociedad propia, Oliver Gruppe S.L., para trasladar esos fondos a Leire Díez, según recoge el sumario. El instructor interpreta que ese esquema tenía como finalidad "romper la trazabilidad de los fondos".
La inclusión del Grupo Crónica Libre en la petición parece derivar de un pago realizado a la periodista Patricia López —ya fallecida— por una cantidad "cercana a los 20.000 euros", según los datos que obran en el procedimiento.
El PSC niega haber recibido requerimiento judicial
El PSC emitió un comunicado —el tercero desde el pasado día 29— en el que asegura no haber recibido de momento ningún requerimiento judicial y defiende que el partido seguirá colaborando con transparencia. Los socialistas catalanes sostienen que actúan en todo momento cumpliendo la ley electoral, tal como han reflejado los sucesivos informes de la Sindicatura y el Tribunal de Comptes, organismos que, según la nota, disponen de todos los datos.
La amplitud del oficio de la UCO, que abarca dos ejercicios fiscales completos, múltiples entidades bancarias y una docena de personas jurídicas y físicas, apunta a que la investigación del caso Leire se orienta hacia una reconstrucción integral de los flujos económicos de los implicados. El juez Pedraz mantiene ese frente de la causa bajo secreto de sumario.
Source: El País