La batalla de Instituciones Penitenciarias contra los 'true crime' grabados desde prisión
Las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco fueron sancionadas con restricción de patio y permisos tras participar en 'Muerte en León'. ABC analiza cómo actúa la administración penitenciaria ante estas grabaciones no autorizadas.
Sanciones leves y reglamento obsoleto: el frente penitenciario frente a los 'true crime'
Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han sido sancionadas por participar en 'Muerte en León', un documental grabado sin autorización desde la prisión de Villabona, en Asturias. La sanción, calificada de «falta grave», les impide salir al patio durante una temporada y condiciona sus permisos penitenciarios. El traslado que ambas habían solicitado a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, ya había sido concedido y no quedó afectado por la sanción.
Según ABC, este caso es el último episodio de una disputa sostenida entre Instituciones Penitenciarias y los productores de contenidos de crimen real que buscan el testimonio directo de reclusos mediáticos.
El caso Ana Julia Quezada: intervención de comunicaciones durante seis meses
Quien más visibilidad dio a este debate fue Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado por Ana Julia Quezada. El 7 de mayo de 2025 ofreció una rueda de prensa en la que denunció las amenazas que recibía de la asesina de su hijo y alertó de la «indefensión», «desprotección institucional y judicial» y «vulneración de derechos» recogidos en el Estatuto de la Víctima. Sus declaraciones lograron frenar un documental que ya estaba en marcha e impulsaron una investigación judicial que imputó a varios funcionarios de la prisión de Brieva, en Ávila.
El 22 de mayo, la dirección del centro decidió intervenir las comunicaciones de Ana Julia Quezada. ABC ha tenido acceso a la resolución, que se prolongó varios meses. Según el documento, la presencia de la interna en los medios había sufrido un «incremento considerable», con un volumen superior de llamadas telefónicas y cartas, algunas remitidas directamente desde distintos medios de comunicación.
Por razones de seguridad del centro y de las actuaciones judiciales en curso, Instituciones Penitenciarias aplicó el artículo 75.1 del reglamento penitenciario, una limitación regimental de carácter temporal. Durante seis meses quedaron intervenidos los contactos «ordinarios, especiales, telefónicos, escritos y los paquetes» de Quezada. El envío de cartas y telegramas se limitó a dos por semana. La comunicación con su abogado no fue afectada.
Rosa Peral y la sanción de la Generalitat
Otro caso citado por ABC es el de Rosa Peral, condenada por el conocido como «crimen de la Guardia Urbana» de Barcelona. Fue la Generalitat de Cataluña quien la sancionó por dar entrevistas sin autorización, calificando la conducta de falta muy grave. Le restringieron las llamadas telefónicas, la trasladaron de módulo y limitaron sus visitas. Tras el impacto mediático que generó el estreno de una serie sobre su caso, Peral regresó, según ABC, al anonimato dentro del centro penitenciario.
«No son castigos contundentes»
Fuentes de representantes sindicales del sector penitenciario, citadas por ABC en el marco del documental 'Tu abandono me puede matar', cuestionan la eficacia real de las sanciones. «Hoy en día con las videollamadas es muy fácil. Son 25 a la semana y les da tiempo para hacer diez temporadas», señalan.
Sobre la aplicación del artículo 75.1 al caso de Quezada, las mismas fuentes apuntan a una desproporción en su uso: «Ya quisiéramos que cuando pase una agresión se le aplicara también, pero hay mucha gente que agrede, por ejemplo, a un funcionario y se va un poco de rosita».
Las sanciones por participar en grabaciones no autorizadas pueden incluir días de aislamiento en celda o suspensión de actividades recreativas y paseos. Para los representantes sindicales, estas medidas resultan insuficientes en la práctica. «Eso en verdad no es nada porque hay presos que en vez de bajar con el resto se pasan la tarde viendo la novela», advierten.
Un reglamento «totalmente desfasado»
Los funcionarios de prisiones reclaman desde hace tiempo un nuevo marco jurídico. El argumento central es que el sistema disciplinario vigente equipara infracciones de distinta gravedad. «Se castiga igual meter una carta de barajas, por así decirlo, que un móvil», ilustran las fuentes sindicales consultadas por ABC.
La comparación se extiende también a conductas más graves: «El reglamento en esto se ha quedado muy arcaico. Se puede estar considerando igual una agresión a un funcionario que le hayan partido literalmente la cara a una grabación a un periodista para contar su vida», remarcan.
Con 'Muerte en León', el debate sobre las sanciones penitenciarias vuelve a primer plano. Instituciones Penitenciarias mantiene abierto el frente contra las entrevistas y grabaciones no autorizadas, aunque sin un marco normativo actualizado que respalde sanciones más disuasorias.
Source: ABC