Escándalo de corrupción rodea al primer ministro español Pedro Sánchez y su círculo cercano
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afronta múltiples casos de corrupción que involucran a su familia y colaboradores cercanos, incluyendo a su hermano y a su esposa.
Escándalo de corrupción rodea al primer ministro español Pedro Sánchez y su círculo cercano
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta a un verano complicado debido a una serie de casos de corrupción que afectan a su entorno más próximo. Las investigaciones judiciales se centran tanto en miembros de su familia como en antiguos colaboradores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El hermano del jefe del ejecutivo, David Sánchez, está siendo juzgado en Extremadura por presunta influencia indebida y malversación de fondos públicos. Junto a él, otras diez personas enfrentan las mismas acusaciones. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la organización "Manos Limpias", un sindicato de extrema derecha conocido por utilizar los tribunales para perseguir a quienes considera enemigos de España.
Según la denuncia, David Sánchez obtuvo un puesto como asesor especial en el ayuntamiento de Badajoz en julio de 2017, cuando su hermano era líder del PSOE pero aún no ocupaba la presidencia del gobierno. El acusado niega los cargos y se enfrenta a una pena de prisión de tres años en caso de ser declarado culpable.
La esposa del primer ministro, Begoña Gómez, también ha sido imputada. El mes pasado, un juez de Madrid le formuló cargos por tráfico de influencias, cohecho en transacciones comerciales y blanqueo de capitales. Se le acusa de haber utilizado su posición como cónyuge del presidente para asegurar un puesto en la Universidad Complutense de Madrid y de haber empleado recursos públicos y contactos personales para promover sus intereses privados. Gómez, que debe comparecer ante el tribunal en una audiencia preliminar el 9 de junio, niega haber cometido algún delito.
El predecesor de Sánchez en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, también está bajo investigación judicial. Un juez examina si cometió delitos de cohecho y otros ilícitos relacionados con el rescate de una aerolínea vinculada a Venezuela durante la pandemia de COVID. Los fiscales investigan si la compañía hizo un "uso inadecuado" de los fondos públicos aprobados por el gobierno para su salvamento, mientras la policía anticorrupción analiza si la aerolínea utilizó ese dinero para blanquear capitales provenientes de Venezuela a través de Francia, Albania e Italia.
Según el juez instructor, Zapatero habría supervisado "una estructura jerárquica de cohecho" cuyo objetivo era "la obtención de beneficios económicos mediante intermediación y ejercicio de influencias ante organismos públicos en favor de terceros". El exmandatario insiste en su inocencia y ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación. Tiene programada una comparecencia ante el Tribunal Supremo de España los días 17 y 18 de junio.
En junio del año pasado, Sánchez solicitó la dimisión del secretario de organización del PSOE y estrecho colaborador, Santos Cerdán, cuando un juez del Tribunal Supremo anunció que había encontrado "indicios claros" de su implicación en sobornos relacionados con contratos públicos. Cerdán niega cualquier irregularidad.
Este caso está vinculado a otro en el que también están implicados cercanos colaboradores de Sánchez. El exministro de Transportes José Luis Ábalos, junto con su exjefe de gabinete Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, son acusados de recibir sobornos por contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de COVID. Ábalos y García, quienes niegan todos los cargos, se enfrentan a penas de 24 y 19 años de prisión respectivamente, mientras que Aldama ha admitido su participación en el presunto esquema y afronta una pena de siete años.
El miércoles 26 de mayo, agentes del servicio de lucha contra la corrupción registraron las oficinas centrales del PSOE en Madrid en busca de documentación relacionada con una presunta trama de amaño de procesos judiciales. El juez competente declaró que Cerdán se encuentra entre las personas investigadas por posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y subornación de testigos.
En noviembre del año pasado, el fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, fue suspendido de su cargo por dos años tras ser declarado culpable de filtración de información confidencial relacionada con un caso fiscal que involucraba a un empresario vinculado al Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Cuando el caso se hizo público, Ortiz insistió en que no había filtrado la información personalmente, mientras que su defensa argumentaba que no existía "absolutamente ninguna prueba" de que fuera la fuente de la filtración. Los periodistas citados también negaron que el fiscal general les hubiera proporcionado la información.
Cuando en abril de 2024 se supo que la esposa de Sánchez estaba bajo investigación, el presidente canceló sus compromisos públicos durante cinco días y anunció que reflexionaría sobre su futuro político. Acusó a sus enemigos políticos y mediáticos de lanzar una "operación de acoso y derribo" contra su familia, pero decidió mantenerse en el cargo.
Fuente: ERT News
Source: ERT