Juicio al exalcalde de Otura por fraude y prevaricación reanuda con declaración de acusados
La Audiencia de Granada retoma el proceso contra Ignacio Fernández-Sanz y otros cuatro exconcejales del PP por el contrato de basuras de 2008. Todos se enfrentan a cinco años de prisión.
Los acusados declaran ante la Audiencia de Granada por el contrato de residuos de Otura
La Audiencia de Granada reanuda este lunes el juicio contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz, del PP, acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, según informa andaluciainformacion.es. Los hechos están relacionados con el contrato municipal de recogida de residuos y limpieza viaria aprobado en 2008 y rescindido dos años después.
Junto a Fernández-Sanz se sientan en el banquillo otros cuatro exconcejales del mismo ayuntamiento, acusados por los mismos delitos. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años de prisión y ocho de inhabilitación.
La sesión de este lunes incluye la declaración de los acusados, que el tribunal autorizó a reservar para el final del juicio, a petición de las defensas. También está previsto que declare el representante de la empresa adjudicataria del contrato, cuya ausencia motivó el aplazamiento de la anterior vista, celebrada el 22 de abril.
En aquella primera sesión, una exconcejala quedó absuelta por prescripción de los hechos.
Reparos ignorados y contratación aprobada con ocho votos
Durante el juicio han declarado dos secretarios y dos interventores municipales, quienes ratificaron los informes de reparo que emitieron en su día. La Intervención municipal señaló concretamente la "falta de consignación presupuestaria" y la ausencia de "estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio".
La Secretaría municipal advirtió de que no era "posible la apertura del procedimiento de contratación" hasta que no se corrigieran ambas deficiencias, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía consultado por Europa Press. Un informe de 24 de enero de 2008 ratificó ese mismo criterio.
Sin embargo, al día siguiente el pleno del Ayuntamiento aprobó la contratación "pese a los reparos reseñados", con cinco votos de los concejales del PP y tres del Grupo Independiente de Otura.
Rescisión del contrato sin informes preceptivos
En noviembre de 2010, transcurridos menos de dos años desde el inicio del servicio, el alcalde convocó un pleno extraordinario para rescindir el contrato, "sin justificación alguna", según la acusación pública. La sesión se celebró presuntamente "sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos" ni de la Secretaría, circunstancia de la que fueron advertidos los concejales presentes al inicio del pleno.
Esos mismos ediles, incluido el alcalde, aprobaron el acuerdo de rescisión. Fernández-Sanz habría suscrito posteriormente, "sin tramitar expediente alguno" y "con ausencia total de procedimiento", un convenio de resolución del contrato, supuestamente "con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno", según la Fiscalía.
Source: Google News ES — Crime (es)