Fiscalía denuncia al ultraderechista Alberto Pugilato por incitar al odio en redes sociales
Un juzgado de Valladolid investiga al activista tras señalar actuaciones del humorista Quequé e incitar a sus 85.000 seguidores a presionarlo.
Alberto Pugilato, denunciado por instigar acoso ideológico desde YouTube y X
La Fiscalía de Valladolid ha presentado una denuncia contra el activista de extrema derecha Alberto González de Juan, conocido públicamente como Alberto Pugilato, por presuntamente incitar al acoso contra figuras mediáticas de izquierda a través de sus redes sociales. Así lo informa El Mundo, que señala que un juzgado de la ciudad ya ha abierto diligencias previas en el caso.
La denuncia, interpuesta inicialmente por un particular, apunta a que González de Juan habría utilizado su canal de YouTube y sus perfiles en X —identificados como @albertopugilat y @pugilato2014, con más de 85.000 seguidores en conjunto— para incitar, legitimar y reforzar el hostigamiento por razones ideológicas.
Entre los afectados figura el cómico Héctor de Miguel, conocido como Quequé, así como la periodista Sarah Santaolalla y la comunicadora Elena Reinés, todas personas vinculadas públicamente a posturas progresistas. Según el escrito, el denunciado publicó fechas y localizaciones de las actuaciones de Quequé en X, invitando a sus seguidores a "aplaudirle", expresión que la denuncia interpreta como eufemismo de agresión. Más tarde, en YouTube, González de Juan se habría jactado de que el humorista salmantino cancelara parte de su gira a causa de las presiones recibidas.
El texto de la denuncia describe un patrón de publicaciones en las que se emplea un lenguaje exhortativo orientado a la acción colectiva, se normalizan actos de violencia política y se validan conductas de hostigamiento dentro de un contexto de movilización ideológica. Entre las consignas recogidas figuran expresiones como "Apreteu" o "Apreteu que funciona", utilizadas para intensificar el señalamiento contra las personas mencionadas.
El Ministerio Público concluye que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado en el artículo 510, apartados 1.a y 1.b, del Código Penal. Dicho precepto contempla penas de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses.
La Fiscalía remitió la denuncia a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid. Ese órgano incoó diligencias previas el pasado 24 de julio para investigar los presuntos delitos cometidos desde los perfiles digitales del activista.
Source: El Mundo