Exministro español José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción
El Tribunal Supremo de España ha impuesto una pena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por delitos de corrupción relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Exministro español José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción
El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por cometer delitos de corrupción. Se trata de la primera sentencia en una serie de casos judiciales vinculados al Partido Socialista, que actualmente gobierna el país.
Según la resolución del alto tribunal, la duración excepcionalmente larga de la condena responde a la cantidad de ilícitos cometidos —entre ellos, sobornos derivados de la compra de mascarillas de protección durante la pandemia de COVID-19— y al daño causado a la confianza pública por los abusos cometidos desde su posición ministerial.
El tribunal señaló que "cuando la sociedad percibe que quienes ostentan el poder actúan movidos por intereses privados o fines ajenos al servicio público, ello provoca una pérdida de legitimidad institucional que pone en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema".
No obstante, la corte aclaró que, conforme a la legislación española, el tiempo real que Ábalos pasará en prisión no superará aproximadamente los 16,5 años.
La sentencia se ha dictado en un contexto en el que más de una docena de personas cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están siendo investigadas o enjuiciadas por presuntos delitos de corrupción, incluyendo a su esposa, su hermano y un antiguo primer ministro socialista de gran influencia. Hasta la fecha, el nombre de Sánchez no ha aparecido en ninguno de estos casos.
Sánchez accedió al poder hace ocho años tras derrocar a un ejecutivo de centroderecha envuelto en escándalos de corrupción, prometiendo limpiar la vida política del país.
Tras conocerse el fallo, un portavoz del Ejecutivo manifestó que el Gobierno valora "la transparencia, la competencia y la integridad" y "lamenta y condena de forma unánime cualquier comportamiento que vulnere estos principios".
A pesar de que la preocupación ciudadana por la corrupción es considerablemente menor que hace una década, las encuestas indican que este asunto vuelve a escalar posiciones entre los principales problemas del país a ojos de los votantes, según explicó Luis Cornago-Bonal, politólogo de la London School of Economics y asesor de la consultora Teneo.
"Dado que las acusaciones de corrupción ensombrecen tanto al Gobierno como a la oposición, España corre el riesgo de caer en un prolongado periodo de descontento social y polarización más profunda", advirtió el analista.
Tras la sentencia del lunes, la oposición volvió a exigir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. El Gobierno, sin embargo, ha descartado celebrar comicios antes de que finalice su mandato en agosto de 2027. De momento, la oposición no cuenta con el respaldo suficiente para presentar una moción de censura.
"El presidente del Gobierno es responsable de las acciones de sus ministros", subrayó el líder del conservador Partido Popular, Alberto Feijóo, en una declaración desde la sede del partido en Madrid.
El Tribunal Supremo determinó que en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por valor de 13 millones de euros a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama existió corrupción. De Aldama confesó su participación en el movimiento de comisiones ilegales y recibió una pena de cuatro años y medio de prisión, en régimen de suspensión.
Asimismo, el tribunal constató que a Ábalos se le pagaban 10.000 euros mensuales para cubrir "gastos permanentes" y que dos personas de su entorno fueron contratadas en empresas públicas, compensándose en uno de los casos también los gastos de vivienda.
Fuente: ERR
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