Guardia Civil interviene 10.000 dosis de bótox ilegal en clínicas de Gran Canaria y otras provincias
La Guardia Civil detuvo a nueve personas tras desmantelar clínicas clandestinas en Gran Canaria, Bizkaia, Barcelona y Asturias. Se incautaron 10.000 dosis de toxina botulínica sin autorización sanitaria.

Nueve detenidos en operación contra clínicas clandestinas de medicina estética en España
La Guardia Civil ha intervenido 10.000 dosis de toxina botulínica y ha detenido a nueve personas en el marco de una operación contra clínicas clandestinas de medicina estética, según informa ABC. Entre los establecimientos investigados figuran dos ubicados en Carrizal y Vecindario, en Gran Canaria.
La investigación abarcó el periodo comprendido entre marzo de 2025 y mayo de 2026, y se extendió a locales en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. En todos ellos se distribuían medicamentos y productos cosméticos sin respetar la normativa sanitaria vigente.
El origen de la operación se sitúa en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, donde agentes de la Guardia Civil localizaron varios paquetes con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam. Los envíos carecían de autorización para su introducción en territorio nacional.
Entre el material incautado se hallaron dosis de bótox, ácido hialurónico y fármacos destinados al tratamiento de la diabetes, algunos de los cuales se empleaban de manera indebida para inducir pérdida de peso. Los productos no cumplían las condiciones de transporte y conservación exigidas por la normativa, en particular la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Las autoridades calificaron la situación de «importante riesgo para pacientes y consumidores».
Los investigados incluyen tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, aplicaban estos productos ilegales en peluquerías, centros de estética sin autorización o en domicilios particulares.
Nueve personas han sido detenidas y otras dos permanecen bajo investigación como presuntas responsables de delitos contra la salud pública. En algunos casos, los implicados también enfrentan cargos por intrusismo profesional.
Source: ABC