Magistrado nacional reclama enjuiciamiento de 16 implicados en estafa millonaria de hidrocarburos
Un juez de la Audiencia Nacional pasa a juicio a 16 acusados, entre ellos un guardia civil y el socio de un empresario mediático, por una trama de fraude fiscal en hidrocarburos valorada en 148 millones de euros.
Magistrado nacional reclama enjuiciamiento de 16 implicados en estafa millonaria de hidrocarburos
Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción, ha remitido a la sección de lo penal la causa contra una decena y media de presuntos integrantes de una trama que habría defraudado 148 millones al Estado mediante la manipulación del impuesto al valor añadido en el sector energético.
La pieza judicial, bautizada como Gaslow, abarca el período comprendido entre 2018 y 2021. Entre quienes deberán sentarse en el banquillo destacan un miembro del instituto armado vinculado a filtraciones internas del partido socialista, Juan Sánchez Yepes, así como Claudio Rivas, colaborador cercano al controvertido empresario Víctor de Aldama.
El magistrado atribuye al segundo siete infracciones tributarias, pertenencia a banda delictiva, falsedad documental reiterada y lavado de dinero. Al primero le endilga participación en estructura criminal, soborno, divulgación de datos reservados y blanqueo patrimonial. Ochenta y dos compañías mercantiles figuran asimismo como responsables subsidiarias.
La trama operaba mediante tres núcleos diferenciados que mantenían comunicación fluida. Su estrategia consistía en eludir el pago del IVA en carburantes para obtener un colchón financiero que les permitiera vender por debajo de la competencia, ampliando cuota de mercado y facturación.
La pirámide delictiva se articulaba en torno a dos sociedades proveedoras: Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías, bajo la dirección de Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez. Cada célula contaba con su propio cabecilla, siendo los principales Rodríguez Estepa, Javier García Pérez y el propio Rivas.
Las cantidades defraudadas crecieron exponencialmente: poco más de seis millones el primer año, cerca de treinta y uno en el segundo, y casi ciento doce en el tercero. Una vez obtenidos los rendimientos ilícitos, la organización no los materializaba directamente desde las firmas instrumentales, sino que tramitaba circuitos previos para encubrir su procedencia. Se han rastreado operaciones de legitimación de capitales por valor de unos sesenta millones.
El escrito dedica un capítulo específico al capitán de la Benemérita, adscrito durante catorce años a la UCO. Pedraz documenta contactos reiterados entre el uniformado y la red criminal, así como compensaciones económicas a cambio de alertar sobre investigaciones en curso, registros domiciliarios y detenciones inminentes.
La fortuna personal del agente se disparó un 134 % en el quinquenio investigado: de algo más de 250.000 euros a casi 600.000.
Información elaborada a partir de ABC
Source: ABC