Granados condenado a dos años y medio de cárcel por corrupción en el caso Púnica
La Audiencia Nacional halla culpable al exsecretario general del PP de Madrid de fraude y prevaricación por amañar contratos. También condena a cuatro exalcaldes y un exsenador populares.
Condena de dos años y medio para Granados en el primer gran juicio de Púnica sobre contratos
La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero autonómico durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, a dos años y medio de prisión por fraude y prevaricación, según informa El País. El tribunal le impone además ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por su participación en el amaño de contratos entre 2004 y 2013 en favor de la empresa Waiter Music, dedicada a la organización de festejos en municipios madrileños gobernados por el Partido Popular.
La sentencia, de más de 200 páginas y fechada este miércoles, es la segunda resolución condenatoria que la Sala de lo Penal de la Audiencia dicta contra el exdirigente conservador. En 2017, Granados ya fue condenado a dos años de prisión —confirmados posteriormente por el Tribunal Supremo— por haber recibido un aviso de un guardia civil sobre las investigaciones en curso. A esa pena se suman ahora los dos años y medio de la nueva resolución.
Un sistema de influencia sin competencia formal
El tribunal concluye que Granados logró acumular una "enorme capacidad de influencia" sobre los órganos que decidían sobre los contratos públicos, pese a no ostentar "formalmente" ninguna "competencia administrativa directa". Desde su "posición de poder político", actuó como "elemento impulsor y facilitador del sistema" de corrupción articulado para beneficiar al empresario José Luis Huerta, dueño de Waiter Music, fallecido antes del inicio del juicio.
A cambio de los favores en las adjudicaciones, Huerta sufragó eventos privados a Granados y le obsequió con regalos. La Guardia Civil subrayó durante el juicio la estrecha "amistad" que el dirigente del PP había tejido con el empresario y destacó que "Granados tenía poder para quitar y poner alcaldes. Muchos le debían a él que les pusiera en las listas".
Cuatro exalcaldes y un exsenador también condenados
Además de a Granados, la Audiencia Nacional condena a prisión a otros cinco cargos populares. José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro, recibe la pena más elevada entre los regidores: cuatro años de cárcel. Con dos años de prisión son condenados José Miguel Moreno, también exalcalde de Valdemoro; María Ángeles Herrera, exregidora de Ciempozuelos; Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio; y David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico. El tribunal absuelve a Esteban Parro y Daniel Ortiz, exalcaldes de Móstoles.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente seis años de cárcel para Granados, cifra que rebajó a tres durante el propio juicio. Los magistrados han apreciado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido hasta la celebración de la vista oral.
Contratos predeterminados y servicios no facturados
La sentencia describe con detalle la mecánica de la trama: los condenados maniobaron para "predeterminar" que Waiter Music o sociedades "controladas" por Huerta obtuvieran los contratos. A través de ese esquema, los cargos del PP no solo se aseguraban una empresa organizadora de festejos, sino que esta les "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento" de los propios políticos —entre ellos, la prestación de "servicios privados para actos del PP" o de "sus miembros", que "nunca eran facturados"—.
Las ganancias del empresario fueron cuantiosas. Solo el Ayuntamiento de Valdemoro, municipio donde Granados ejerció como alcalde entre 1999 y 2003 y epicentro de la trama, le abonó casi nueve millones de euros entre 2004 y 2013. Ciempozuelos le facturó más de 1,2 millones entre 2007 y 2012; Moraleja de Enmedio, otro medio millón en el mismo periodo; y Algete, donde Erguido era concejal, cerca de 1,9 millones.
La resolución enumera decenas de contratos manipulados, que van desde fiestas patronales hasta cabalgatas y carnavales. La sentencia señala asimismo que Granados utilizó su posición dentro del Gobierno de Aguirre para dirigir hacia Huerta adjudicaciones dependientes de la Comunidad de Madrid, como el concierto Night of the Proms celebrado el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes. Según los magistrados, "la primera vía de ayuda directa a Huerta para que se llevase a cabo el espectáculo vino dada desde la Consejería de Cultura y Deportes", aprovechando el cargo de consejero que entonces ocupaba Granados.
"Garante del sistema ilícito"
Los tres magistrados que enjuiciaron esta parte del caso Púnica —Félix Alfonso Guevara, Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García— concluyen que la participación de Granados "no se articula como mero inductor ocasional, sino como garante del sistema ilícito, cuya estabilidad dependía de su posición de poder y capacidad de control". La sentencia remata: "La posición de Granados fue determinante para establecer las reglas informales de funcionamiento" de la trama.
El caso Púnica es un macrosumario abierto en 2014 que se ha dividido en más de una decena de líneas de investigación. Desde entonces se han celebrado cinco juicios sobre la trama, y Granados ha figurado como acusado únicamente en dos de ellos: el relativo al aviso del guardia civil y el presente, centrado en los contratos de Waiter Music.
Source: El País