La Audiencia Nacional reabre el caso contra Betancourt, dueño de Hawkers, por blanqueo
La Sala de lo Penal revoca el archivo del juez Pedraz y ordena continuar la investigación por blanqueo vinculado a un fraude de 4.850 millones de dólares en PDVSA.
La Audiencia Nacional obliga a reabrir la investigación contra el empresario venezolano vinculado a Hawkers
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz reabrir la causa contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, propietario de la firma de gafas Hawkers, según informa El País. El magistrado instructor había archivado el caso en marzo, junto a otros cinco investigados, al concluir que los hechos ya habían sido juzgados en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión y los magistrados le han dado la razón.
La investigación se centra en la presunta introducción de dinero en Europa procedente de un fraude valorado en 4.850 millones de dólares —unos 3.778 millones de euros—, derivado de un supuesto préstamo firmado en marzo de 2012 entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic.
El argumento de Anticorrupción y la respuesta de la Sala
La Fiscalía Anticorrupción sostenía que el archivo había sido "prematuro" porque quedaban flecos esenciales por esclarecer antes de poder concluir que no hubo blanqueo de capitales. En concreto, argumentaba que lo investigado en Venezuela no guardaba relación con los actos de corrupción entre empresarios y funcionarios que centraban el foco en España.
"Se ha justificado por el Ministerio fiscal que los concretos actos de corrupción en Venezuela objeto de las presentes actuaciones no han sido analizados por la resolución extranjera", señala el escrito de la Sala de lo Penal, que añade que de ello "infiere la relevancia de las diligencias interesadas".
El juez Pedraz había razonado en marzo que la justicia venezolana era competente para investigar y enjuiciar los hechos cometidos por sus ciudadanos en su territorio, y que la resolución dictada allí tenía "eficacia jurídica internacional" al amparo del convenio hispano-venezolano sobre ejecución de sentencias penales de 1994. La Sala rechaza ahora ese planteamiento.
El origen: la Operación Bolívar y los 'bolichicos'
El germen de la causa fue una petición de la Fiscalía de Zúrich, el 10 de septiembre de 2024, solicitando a España información sobre un asunto relacionado con el lavado de dinero vinculado a PDVSA y a la Oficina Nacional del Tesoro venezolana. El procedimiento se conoció como 'Operación Bolívar'. Anticorrupción inició entonces su propia investigación, que permaneció en secreto desde junio hasta noviembre del año pasado.
Entre los investigados figuran, además de Betancourt, su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas: Ana Graciela Convit, Graciela Guruceaga y Lilia-Cristina López. Los principales implicados aparecen vinculados a los llamados bolichicos, un grupo de empresarios venezolanos que amasó grandes fortunas al calor del chavismo entre 2009 y 2011.
Sobornos por 42 millones de euros e inversiones en España
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se han invertido "importantes cantidades de dinero" en bienes muebles e inmuebles en territorio español, fondos traídos de Venezuela mediante el pago de sobornos a funcionarios por un total de 42 millones de euros. Con ese dinero se habrían constituido sociedades y adquirido acciones de diversa naturaleza.
Los funcionarios venezolanos que recibieron esos pagos ya han reconocido su implicación ante las autoridades estadounidenses y han sido condenados allí. Entre ellos, Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico general del Ministerio de Energía y Petróleo, quien se declaró culpable ante la justicia de Washington y fue condenado a más de tres años de prisión. Abraham Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, recibió una condena superior a dos años.
Testigos pendientes de declarar
Uno de los argumentos centrales de Anticorrupción era la "contradicción" que suponía que el juez Pedraz hubiera archivado el caso sin escuchar a cinco testigos cuya declaración había acordado previamente mediante una comisión rogatoria a Estados Unidos. Desde el 9 de octubre permanecía pendiente la toma de testimonio de Luis Carlos de León, exdirector financiero de La Electricidad de Caracas; Abraham Edgardo Ortega Morales; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino condenado en Estados Unidos por blanqueo; Álvaro Ledo Nass, abogado también procesado allí, y Carmelo Antonio Urdaneta.
"La importancia de esas declaraciones es esencial para acreditar los actos de corrupción en Venezuela", señalaba el fiscal en su recurso.
La Audiencia estima el recurso y exige continuar
Además, el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntaba la posibilidad de solicitar una comisión rogatoria a Venezuela para recabar datos de las pesquisas abiertas en ese país.
La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de Anticorrupción, califica el archivo como un "sobreseimiento prematuro" y ordena que se retome la investigación y se tome declaración a los testigos pendientes.
Source: El País