La Audiencia Nacional fuerza a Pedraz a notificar a Interpol el procesamiento del hijo de Obiang
La Sala de lo Penal ordena al juez informar a Interpol del procesamiento por terrorismo, secuestro y torturas de tres altos cargos de Guinea Ecuatorial.
La Sala de lo Penal revoca a Pedraz y exige notificar a Interpol el caso Obiang
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que comunique a Interpol el procesamiento de Carmelo Ovono Obiang —hijo del presidente de Guinea Ecuatorial—, del ministro del Interior Nicolás Obama Nchama y del director general de Seguridad de la Presidencia Isaac Nguema Ondo por delitos de terrorismo, secuestro y torturas. Así lo recoge el auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso El País.
Los tres investigados están relacionados con el secuestro de cuatro opositores residentes en España, dos de ellos de nacionalidad española, trasladados en 2019 mediante engaño desde Yuba (Sudán del Sur) a una cárcel en Mongomo, Guinea Ecuatorial, a bordo del avión presidencial de Obiang. Allí fueron juzgados por un tribunal militar y condenados a penas de entre 60 y 90 años por un supuesto golpe de Estado. Uno de los cuatro, Julio Obama, de 61 años, falleció en circunstancias no aclaradas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el proceso por falta de garantías y pruebas.
La negativa del juez instructor
Pedraz se había negado a remitir la información a Interpol al considerar que "nada nuevo ha acontecido más que el auto de procesamiento", según consta en su resolución. El magistrado argumentó que "no hay base alguna para ir comunicando a Interpol los hitos procesales" y que "la calificación jurídica ya consta". La Sala rechazó ese criterio.
Tanto el fiscal Vicente González Mota como el abogado de las víctimas, Aitor Martínez, del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, habían solicitado al instructor que enviara a Interpol la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo —que atribuyó la jurisdicción del caso a la justicia española—, el auto de procesamiento, los autos de prisión provisional y las órdenes internacionales de detención. Ambas partes pidieron también que se instara a la Secretaría General de Interpol a revisar su decisión de no incorporar los datos.
La posición de Interpol y la protesta de Guinea Ecuatorial
En enero, Interpol remitió al juzgado un correo en el que señalaba que registrar los datos facilitados no sería conforme con la resolución de su Asamblea General relativa a casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esa norma permite a un Estado miembro presentar una protesta cuando la solicitud afecta a un nacional de otro país. Guinea Ecuatorial lo hizo, bloqueando así la inclusión de la información en las bases de datos del organismo, que agrupa a 196 países.
La nueva notificación que se remitirá a Interpol precisará que los investigados están procesados por secuestro con finalidad terrorista —no por crímenes contra la humanidad—, lo que, a juicio de la fiscalía y la representación de las víctimas, excluiría la aplicabilidad de dicha resolución.
Segunda orden de la Sala en seis meses
Esta es la segunda vez que la Sala de lo Penal obliga a Pedraz a enviar información a Interpol. En diciembre de 2024, el mismo tribunal le ordenó remitir "todas aquellas actuaciones de las que se deriven los indicios existentes frente a los investigados, así como de la participación de cada uno de ellos en los hechos". En aquella ocasión, el organismo policial había solicitado una ampliación de datos para "evitar que su expediente sea eliminado" y concedió al magistrado una moratoria para responder. Pedraz no atendió la petición.
A lo largo de la instrucción, el juez también se resistió a dictar las Órdenes de Detención Internacional pese a que los tres investigados se encontraban en rebeldía y no comparecieron en dos ocasiones en las que debían declarar por videoconferencia. La Sala, al resolver los recursos presentados por la fiscalía y los querellantes, le obligó finalmente a emitirlas. La firma de esas órdenes recayó en Francisco de Jorge, juez sustituto, durante una semana en la que Pedraz estaba de permiso. De Jorge decretó también la prisión provisional para el hijo del presidente guineano y para los otros dos altos cargos.
Validez de la orden en Europa
La orden de detención contra los tres investigados está activa en todas las oficinas europeas de Sirene —la red responsable de validar las descripciones de personas buscadas para su detención—, por lo que cualquiera de ellos sería detenido y trasladado a la Audiencia Nacional si pisara suelo europeo.
El auto que ahora obliga a Pedraz a notificar a Interpol está firmado por los magistrados Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás. Supone un nuevo revés judicial para el instructor en una causa en la que la Sala de lo Penal ha estimado de forma reiterada los recursos presentados por la fiscalía y por los representantes de las víctimas.
Source: El País