Familia de Arturo Ruiz lleva a Interior ante la Audiencia Nacional por el crimen de 1977
Los hermanos del joven asesinado en una manifestación proamnistía recurren el silencio ministerial sobre los vínculos policiales del asesino, localizado en Buenos Aires en 2023.
La familia de Arturo Ruiz recurre ante la Audiencia Nacional el silencio de Interior sobre el crimen de 1977
Los hermanos de Arturo Ruiz, el estudiante granadino de 19 años tiroteado en Madrid el 23 de enero de 1977 durante una manifestación proamnistía, han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior. Según informa El País, la acción judicial responde a la falta de respuesta a una solicitud formal de desclasificación de documentos relacionados con el asesinato y con las presuntas conexiones policiales del autor del disparo, José Ignacio Fernández Guaza.
Fernández Guaza, apodado El Posturas, huyó de España tras el crimen y lleva décadas viviendo fuera del país con identidad falsa. En noviembre de 2023, El País lo localizó en Buenos Aires. Sin mostrar arrepentimiento, reconoció ante el periódico haber disparado al estudiante: "[Ruiz] me tiró una piedra. Agarré la pistola y le pegué al corazón [...]. ¿Arrepentimiento? Está usted hablando con una persona que nunca se ha arrepentido de nada".
Vínculos con la Guardia Civil y documentación falsa
En aquella misma entrevista, Fernández Guaza afirmó que la Guardia Civil le indicó que abandonara España tras el crimen y que la documentación falsa con la que ha vivido desde entonces fue elaborada por los "servicios de seguridad españoles". Relató también que, a mediados de los años setenta, formó parte de un comando que trabajaba para la Guardia Civil y que mató a miembros de ETA en Francia. Añadió que en 1979 recibió la visita de funcionarios "de Presidencia del Gobierno" que le preguntaron si pensaba "seguir trabajando". Sobre la ausencia de su DNI en las bases de datos policiales españolas, respondió que hubo "gente" que dijo: "Vamos a hacerle desaparecer".
Durante la investigación original del crimen, la pareja del fugitivo, su hermana y otros conocidos ya habían declarado que había trabajado para la Guardia Civil o la Policía Nacional. Sus propias declaraciones en 2023 vinieron a confirmar esos testimonios.
Fernández Guaza tenía un historial conocido en redes de ultraderecha. Vinculado a varias tramas durante el ocaso del franquismo —incluidos los sucesos de Montejurra—, mantuvo contactos con neofascistas italianos como Stefano Delle Chiaie, jefe de Avanguardia Nazionale, y ejerció como guardaespaldas de Blas Piñar. El día del asesinato de Arturo Ruiz, un escuadrón irrumpió en la manifestación al grito de "¡Viva Cristo Rey!".
El único condenado fue el cómplice
El único individuo juzgado y condenado por el caso fue el argentino Jorge Cesarsky, vinculado al grupo de extrema derecha Triple A, procesado como cómplice por haber entregado el arma a Fernández Guaza. La Audiencia Nacional lo condenó a seis años de cárcel por terrorismo y tenencia ilícita de armas, aunque solo cumplió un año de prisión.
La solicitud de desclasificación
En noviembre de 2024, Miguel Ángel Ruiz, de 72 años, residente en Castellón, dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad una solicitud de "desclasificación de toda la documentación" sobre el asesinato de su hermano. El escrito pedía información sobre Fernández Guaza, sus relaciones con las fuerzas policiales, el papel del Ministerio del Interior —entonces dirigido por Rodolfo Martín Villa—, el comando de Guerrilleros de Cristo Rey que participó en el crimen, y cualquier colaboración estatal en la huida del pistolero y su permanencia en Argentina.
"Existen múltiples indicios sobre una posible conexión entre Fernández Guaza y los servicios policiales y parapoliciales de la dictadura, lo que hace especialmente intensa la obligación del Estado de investigar los hechos, aportar verdad sobre ellos y proporcionar toda la información", señala el escrito, que recuerda que al menos otros cuatro individuos que figuran en el sumario tuvieron relación con las fuerzas de seguridad.
Interior no respondió a la solicitud en el plazo legal. Ante la consulta de El País, el ministerio declinó hacer comentarios al tratarse de "un procedimiento judicial abierto".
"Entre 200 y 300 muertes de la Transición"
Miguel Ángel Ruiz actúa en el proceso en representación propia y de los otros cinco hermanos —uno de ellos ya fallecido— de Arturo. "Queremos arrojar luz sobre el caso de mi hermano y que eso sirva para arrojarla sobre las entre 200 y 300 muertes de la Transición a manos de las fuerzas del orden y la extrema derecha", declaró.
La familia está representada por la abogada Amanda Meyer. Para sustentar la reclamación de desclasificación, el recurso se apoya en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que reconoce el "derecho de las víctimas a la verdad" y el "derecho de acceso y consulta de los documentos de archivo" sobre la dictadura. La argumentación se apoya también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el argumento de que la prescripción penal en España no exime al Estado de su obligación de proporcionar información a las familias de víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Dos vías abiertas tras la prescripción penal
Tras las revelaciones de 2023, la familia intentó la reapertura del caso penal, pero la Audiencia Nacional denegó la solicitud al estar prescrito el delito. Quedan, sin embargo, dos vías activas: la judicial en Argentina, donde la jueza María Servini ha iniciado gestiones para investigar el caso, y la administrativa en España, que es la que ahora llega a los tribunales a través del recurso contra Interior.
El asesinato de Arturo Ruiz se produjo un día antes de la matanza de Atocha, en una semana de violencia que marcó los últimos meses de la Transición. Sus hermanos llevan casi cincuenta años reclamando una respuesta del Estado.
Source: El País