Anticorrupción pide citar a 'Torrente' como testigo clave en la trama de las cloacas del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez Pedraz que llame a declarar al inspector jubilado Rafael Salvador Moreno por su presunta implicación en el 'comando Leire'. En total, se reclama la comparecencia de 22 testigos.
La Fiscalía pide al juez Pedraz citar a 22 testigos por la red criminal del 'comando Leire'
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una solicitud formal para que el inspector de Policía jubilado Rafael Salvador Moreno, conocido por el alias 'Torrente', comparezca como testigo en la causa sobre las denominadas cloacas del PSOE. Así lo informa ABC, que ha tenido acceso al escrito fechado el pasado 5 de junio.
La petición lo vincula con el denominado 'comando Leire', la red que, según la Guardia Civil, operó bajo la coordinación de Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— con el objetivo de boicotear investigaciones judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Veintidós testigos, entre ellos Narbona y un comandante ligado al 'caso Koldo'
Además de Rafael Salvador, las fiscales del caso reclaman la comparecencia de otras 21 personas. Entre los citados figura el comandante de Córdoba Rubén Villalba, vinculado al 'caso Koldo'; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; y el empresario sevillano Joaquín Parra, condenado por el 'caso Hafesa', quien ya ha aportado información ante la Guardia Civil que investiga la trama.
Rafael Salvador fue apartado del caso ERE en 2011 por la juez instructora de Sevilla, Mercedes Alaya, cuando pertenecía a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, la red coordinada por Leire Díez —exdirectiva de Correos— se reunió con el policía una década después de su cese para extraerle información comprometedora contra la propia magistrada Alaya, quien había reabierto en dos ocasiones la causa de la mina de Aználcollar.
Mensajes y grabaciones: «Exterminar socialmente a Alaya»
Los dispositivos informáticos intervenidos por la Guardia Civil a Leire Díez revelan una estrategia sistemática de acoso contra jueces, fiscales y mandos de la UCO mediante el uso de dosieres confidenciales. En febrero de 2020, Díez envió un mensaje a Vicente Fernández Guerrero —expresidente de la SEPI e investigado en la causa— en el que explicitaba los planes del grupo: «Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe». Un mes después insistió: «Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis».
La UCO halló en una cuenta de Google Drive de Díez una carpeta identificada como «22 grabaciones Rafael Salvador», con audios en los que la investigada presiona al inspector jubilado: «¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?».
La red se reunió al menos en dos ocasiones con 'Torrente' durante 2020 con el objetivo de acceder al llamado 'informe Colombo' —un dosier de Asuntos Internos de 2014 sobre venta de secretos oficiales— y obtener información sobre lo que la trama denominaba «las actuaciones irregulares en Sevilla», en aparente referencia al caso ERE por el que fueron condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Zarrías y la financiación a través de una empresa interpuesta
La investigación judicial ha acreditado que el 'comando Leire' contaba con una estructura de financiación vinculada a ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Gaspar Zarrías —inhabilitado a nueve años por el caso ERE e imputado en esta trama— admitió ante el juez Arturo Zamarriego haber contratado a Leire Díez por 16.000 euros, a razón de 4.000 euros mensuales entre junio y septiembre de 2024. Zarrías alegó que buscaba demostrar que su condena fue un montaje del excomisario Villarejo.
La UCO sostiene una interpretación distinta. Los analistas del cuerpo señalan que la empresa Zaño Sociedad Consultores SL, de la que Zarrías es socio único, «habría sido utilizada por la organización como empresa interpuesta para canalizar parte de la remuneración abonada a Leire Díez por los servicios prestados en el ámbito de la actividad criminal desplegada». Las pesquisas confirman, además, que Díez reportaba directamente el resultado de sus gestiones a Santos Cerdán en la sede central del PSOE.
Un archivo con documentación judicial reservada desde 1998
La documentación incautada evidencia el alcance del control que la trama pretendía ejercer sobre los tribunales. El empresario investigado Javier Pérez Dolset reconoció ante la Guardia Civil que custodiaba un archivo digital centralizado bajo el nombre «Operación PSOE». La carpeta contenía correos, autos y actas reservadas de la Unidad de Asuntos Internos sobre cualquier investigación judicial que afectara al PSOE de Andalucía desde 1998.
Pedraz ordena al PSOE entregar el registro de visitas de 'Torrente' a Ferraz
El magistrado Santiago Pedraz considera que el papel de Rafael Salvador pudo ir más allá de los encuentros registrados en 2020. Por ello, ha ordenado a la dirección federal del PSOE que entregue de inmediato el registro completo de las visitas del inspector a la sede de Ferraz, con detalle de los motivos de los encuentros, los horarios y los acompañantes.
Bajo la consigna de «límpiese, sin límite», la red buscaba neutralizar a Alaya, al juez Juan Carlos Peinado —que ha procesado a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez—, a la propia Fiscalía y a los mandos de la UCO encargados de investigar la corrupción del Ejecutivo.
Source: ABC