Fiscalía acusa de piratería a narcotraficantes del mar tras sentencia del Supremo
La muerte del aduanero Carlos Esquembri en 2023 abre una nueva vía legal para agravar las penas de narcos que atacan a agentes en alta mar.
El cargo de piratería entra en el arsenal legal contra los narcos del mar
La muerte del agente del Servicio de Vigilancia Aduanera Carlos Esquembri, ocurrida el 18 de marzo de 2023 durante un abordaje en aguas internacionales a más de mil kilómetros al oeste de las Islas Canarias, se ha convertido en el detonante de una nueva estrategia judicial. Según informa El País, la Fiscalía Antidroga ha comenzado a instruir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que documenten con detalle los ataques de narcolanchas, con el objetivo de acusar a sus responsables también por piratería.
Esquembri, melillense de 58 años, falleció cuando el narcovelero de 25 metros de eslora y bandera maltesa que su unidad intentaba abordar ejecutó un giro brusco y embistió la lancha policial, haciéndola volcar. Los siete agentes cayeron al agua y quedaron atrapados bajo el casco. Todos lograron salir con vida, excepto Esquembri. Los narcotraficantes, además, prendieron fuego al velero en un intento de destruir las pruebas.
De 27 a 37 años: el efecto del cargo de piratería
La Fiscalía Antidroga acusó al responsable de la maniobra por una lista de delitos que incluía tráfico de drogas, atentado contra la autoridad, homicidio e incendio. Por primera vez en su historia, añadió también el cargo de piratería, amparándose en el artículo 616 ter del Código Penal, introducido con la reforma de 2010. Ese precepto castiga con entre 10 y 15 años de prisión a quien, "con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una embarcación en el mar, o atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo".
En primera instancia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el cargo de piratería y condenó por el resto de delitos. La Fiscalía recurrió, y la Sala de Apelación del mismo tribunal le dio la razón, sumando diez años a la condena. La pena total pasó de 27 a 37 años. Los narcos recurrieron al Tribunal Supremo, que en abril pasado ratificó el segundo fallo en una resolución que fuentes fiscales consultadas por El País califican de "sentencia pionera".
El obstáculo jurídico que el Supremo despejó
El mayor escollo legal era la definición de piratería recogida en el artículo 101 de la Convención de Montego Bay de 1982, texto de referencia en derecho marítimo internacional, que exige un "propósito personal" —entendido por la doctrina como ánimo de lucro— y limita el delito a actos cometidos en aguas internacionales entre buques privados.
El Tribunal Supremo resolvió ese obstáculo concluyendo que el legislador español había diseñado un delito "autónomo", desligado del modelo clásico de Montego Bay y más próximo al Convenio SUA de 1988, cuyo objetivo es combatir cualquier actuación ilegal que amenace "la seguridad de la navegación marítima". El alto tribunal señaló que no corresponde a los jueces españoles añadir requisitos que el legislador quiso eliminar por razones de política criminal. En consecuencia, fijó que basta con acreditar "una conducta violenta, proyectada sobre una embarcación en el mar o sobre las personas que se hallan a bordo de ella, idónea para comprometer gravemente la seguridad de la navegación en un ámbito internacional".
Un fenómeno en ascenso que la justicia no ha contenido
La Fiscalía Antidroga lleva tiempo observando con preocupación cómo la violencia contra los agentes en operaciones marítimas ha ido creciendo sin que la respuesta judicial resulte suficientemente disuasoria. Las operaciones en alta mar son cada vez más frecuentes: los cuerpos policiales interceptan cargueros y pesqueros antes de que la droga se transborde a lanchas rápidas, porque la persecución multiplica el riesgo y la dispersión del alijo dificulta su incautación.
Los casos más graves de los últimos años ilustran la magnitud del problema. En febrero de 2024, dos guardias civiles fallecieron en Barbate al ser embestidos por una narcolancha durante una persecución en la localidad gaditana. En mayo pasado, otras dos muertes de agentes en Huelva, en circunstancias similares, volvieron a poner de relieve hasta qué punto los narcotraficantes están dispuestos a atacar a los efectivos para escapar.
Las instrucciones a los cuerpos policiales
Tras la sentencia del Supremo, Antidroga ha dado instrucciones formales a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que sus atestados recojan con precisión los detalles de los ataques perpetrados por narcolanchas, de forma que los fiscales dispongan de base suficiente para sostener acusaciones por piratería en futuros procesos.
El ministerio público es consciente, no obstante, de que el fallo del alto tribunal abre una vía pero no despeja por completo el camino. Quedan por pronunciarse los tribunales españoles sobre la aplicación concreta de esta doctrina en casos futuros, lo que dejará margen de incertidumbre jurídica durante un tiempo. La nueva estrategia representa, en todo caso, un cambio de orientación significativo: hasta el caso Esquembri, la Fiscalía nunca había considerado necesario recurrir al delito de piratería en el contexto del narcotráfico marítimo.
Source: El País