Trama del PSOE imputa a cinco altos cargos del sector público empresarial del Estado
El juez Pedraz imputa a 25 personas, entre ellas la presidenta de la Sepi y otros cuatro directivos en activo, por malversación y tráfico de influencias.
Cinco directivos públicos en activo, imputados en la trama del PSOE vinculada a Santos Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este lunes a 25 personas en el marco de la trama organizada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según informa El Mundo, entre los investigados hay una decena de empleados públicos, cinco de ellos altos cargos aún en activo. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye indicios de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y organización criminal.
La imputación pone en entredicho la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y de otras instituciones como Isdefe y el tribunal administrativo que resuelve los recursos de contratación pública.
La presidenta de la Sepi, investigada por el rescate de Tubos Reunidos
Belén Gualda, presidenta de la Sepi desde 2021 y promovida al cargo por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encuentra investigada por su papel en el rescate estatal de Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros. Según el informe de la UCO, Gualda se comprometió con Francisco Irazusta, entonces presidente de Tubos Reunidos, a aprobar la operación pese a las reticencias iniciales del Ministerio de Economía y de la actual vicepresidenta tercera Sara Aagesen. La Fiscalía señala que el rescate pudo decidirse con «presión política» y con revelación de información reservada en favor de la trama.
Fuentes gubernamentales salieron en defensa de Gualda y descartaron su cese: «En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de Sepi. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos». La Sepi gestiona activos valorados en 20.000 millones de euros y tiene participaciones en empresas del Ibex como Telefónica e Indra, además de participaciones europeas en Airbus.
La presidenta del tribunal de recursos contractuales, también imputada
Conchita Ordiz, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), el organismo encargado de resolver los conflictos entre empresas y administraciones públicas en materia de contratación, figura igualmente en la lista. Según la Fiscalía, puede haber cometido delitos ayudando a la trama. En uno de los mensajes intervenidos, el cabecilla de la red y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, escribió: «Conchita ha cumplido», felicitándose de haber influido en la Administración en favor de uno de sus clientes. Ordiz, considerada protegida de Fernández, es también representante de España en la red europea de tribunales de impugnaciones contractuales.
El responsable del fondo de rescate, investigado por aliviar la deuda de Tubos Reunidos
Julián Mateos Aparicio, al frente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), es el encargado de supervisar la devolución de los rescates concedidos a empresas como Plus Ultra, Tubos Reunidos o Duro Felguera. Fue él quien firmó la reducción en 10 millones de euros de la deuda de Tubos Reunidos con el Fasee. Según la UCO, ese alivio fue acordado previamente entre directivos de Tubos Reunidos y el propio Santos Cerdán. El auto del juez Pedraz precisa que «el 28 de marzo de 2025 la solicitud fue autorizada mediante resolución firmada por Julián Mateos-Aparicio, por delegación de la presidenta Belén Gualda». Por esas actuaciones, Tubos Reunidos acordó abonar 40.000 euros —sin IVA— al también investigado Vicente Fernández.
Otros altos cargos en activo imputados
Rosario Arévalo, directora corporativa de Enusa, ha entrado en la lista de la Fiscalía por sus contactos con Vicente Fernández en el marco de una operación empresarial en Melilla. Mayte Castillo, directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe —empresa pública de consultoría e ingeniería dependiente del Ministerio de Defensa y pieza clave en el actual incremento del gasto militar—, está imputada por su etapa anterior en Mercasa, donde habría facilitado información interna a la trama para una operación inmobiliaria.
Rosario Martínez Manzanedo, secretaria general de la Fundación Sepi, continúa también en activo pese a su imputación. En su etapa como directora de Participadas en la Sepi fue persona de confianza de Fernández y llevó ante el Consejo Gestor presidido por Gualda el expediente del rescate de Tubos Reunidos.
Otros investigados y el esquema común de la trama
El ya dimitido interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, habría pasado información privilegiada a la trama. Otros empleados públicos de Sepides colaboraron igualmente con la red. En la causa figuran además dos ex presidentes de empresas públicas: José Vicente Berlanga (Enusa) y José Ramón Sempere (Mercasa), así como directivos vinculados a empresas privadas como Forestalia y Acciona.
La investigación revisa cinco operaciones de la Sepi en las que habrían intervenido la denominada «fontanera», el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. Los tres coordinaban sus gestiones en un chat al que llamaron Hirurok —«nosotros tres» en euskera— y habrían cobrado comisiones en cada una de las operaciones. Esta causa es la misma de la que deriva la investigación sobre las denominadas cloacas de Ferraz.
Del análisis del conjunto de las operaciones, las fiscales concluyen que existe «un esquema común» en la actuación de la trama a lo largo de todas ellas.
Source: El Mundo