La UCO descarta irregularidades en la cátedra de Begoña Gómez y en sus cuentas bancarias
La Guardia Civil concluye que la cátedra codirigida por la esposa del presidente Sánchez en la Complutense se creó conforme a la normativa y sin ingresos opacos.
La UCO exculpa a Begoña Gómez de los principales indicios del juez Peinado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se constituyó siguiendo los cauces legales establecidos por la propia universidad, y que no existen ingresos opacos en las cuentas de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo recoge el informe de conclusiones del cuerpo policial, al que ha tenido acceso La Vanguardia, en el marco del caso que instruye el juez Peinado y que ha dejado a Gómez a las puertas de juicio.
Según el documento, la cátedra "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad". En cuanto a las cuentas de la investigada, la UCO señala que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando", dado que las entidades a las que estuvo vinculada profesionalmente "se corresponden con los principales pagadores que se identifican".
El software, sin registro de propiedad intelectual
Uno de los focos del caso era una plataforma digital de gestión y medición de objetivos de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas, desarrollada en el ámbito de la cátedra. El juez Peinado utilizó ese software para justificar presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Sin embargo, la UCO concluye que "no se identifican elementos de los que se desprendan que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual".
El informe señala además que "existen otros trámites paralelos" —como el registro de la marca creada en el marco de la plataforma y el alta del dominio— "sujetos a un protocolo interno", y que no se dispone de elementos que acrediten su cumplimiento por parte de Begoña Gómez y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra.
Ingresos de 176.000 euros de empresas colaboradoras
Respecto a la financiación, la UCO explica que la cátedra, según su reglamento, se nutre de fondos procedentes de entidades colaboradoras. Los ingresos registrados en ese marco ascendieron a 176.000 euros, procedentes de aportaciones de Telefónica, Reales, Numintec, Google y la Fundación Human Age Institute. La UCO identifica a Begoña Gómez y a José Manuel Ruano, codirector de la cátedra, como responsables de la gestión del gasto.
De esta forma, el informe cuestiona algunos de los principales indicios apuntados por el juez Peinado, al sostener que el dinero abonado por las empresas colaboradoras estaba destinado a la Complutense y no a Gómez de forma personal.
Sin pagos opacos ni enriquecimiento ilícito
La UCO también descarta la existencia de pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos en las cuentas de Gómez. Aunque la esposa del presidente facturó a la universidad 17.000 euros en dos años, los agentes consideran esa cifra "incompatible" con un enriquecimiento ilícito personal.
El informe analiza asimismo "el posible aprovechamiento personal por parte de Begoña de la herramienta desarrollada y la vinculación ajena a la Complutense", pero concluye que "los costes de los que se ha podido comprobar su origen fueron sufragados con fondos de la esfera personal" de Gómez.
En relación con Cristina Álvarez, asesora de Gómez, la UCO precisa que no se le atribuyen directamente determinadas responsabilidades que se le imputaban, al señalar que varios correos y convocatorias "no implican directamente una tarea encomendada" a ella.
Disfunciones en los contratos con Making Science y Deloitte
No obstante, el atestado policial apunta posibles irregularidades procedimentales en la contratación de dos empresas que trabajaron en el software: Making Science SL y Deloitte Consulting.
En el caso de Making Science, la UCO indica que el contrato se habría ejecutado "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe" —20.000 euros sin IVA—. La unidad interventora detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, y el pago fue liberado "en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM", según el informe de Autorización, Disposición y Obligación.
Respecto a Deloitte, la UCO considera que su contratación se realizó "al margen del procedimiento establecido en la normativa". Los pagos se sustentaron en un contrato menor y en una posterior licitación mediante procedimiento abierto simplificado, pero los agentes advierten que las adjudicaciones "no solo estaban premeditadas", sino que la consultora ya había iniciado sus funciones antes de que se formalizara el primer contrato. Según el atestado, los requisitos exigidos en ambos contratos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio".
Source: La Vanguardia