Investigadores sitúan a exafiliada del PSOE al frente de una red para interferir en causas judiciales
La Guardia Civil documenta decenas de reuniones entre Leire Díez y dirigentes socialistas, algunas en la sede central del partido, dentro de una trama que buscaba desactivar procesos judiciales.
Investigadores sitúan a exafiliada del PSOE al frente de una red para interferir en causas judiciales
Agentes de la Unidad Central Operativa han remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un detallado informe sobre la estructura de una presunta organización criminal vinculada a las siglas socialistas. El documento identifica a Leire Díez como la operadora clave de una estructura que, según las pesquisas, perseguía influir en procedimientos judiciales que afectaban al entorno del Ejecutivo y del propio partido.
La instrucción ha logrado acreditar hasta 39 encuentros entre la investigada y Santos Cerdán, antiguo dirigente de la formación. De ese total, más de la mitad —22 citas— tuvieron lugar en la sede nacional de la calle Ferraz. Los informes policiales diferencian dos niveles dentro de la trama: Cerdán ocuparía la cúspide, mientras que Díez desarrollaría el trabajo operativo diario. El objetivo común, según la UCO, consistía en blindar los intereses del PSOE en diversos frentes judiciales, incluidos aquellos que rozaban al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La investigada saltó a los medios en la primavera de 2025, cuando trascendió una grabación en la que deseaba la muerte del teniente coronel Antonio Balas. En aquel momento, la dirección del partido minimizó su papel. Aseguraron que actuaba por iniciativa propia y que no representaba a la organización. Sin embargo, el paso de los meses ha ido dibujando un panorama muy distinto. Los análisis forenses de sus comunicaciones demuestran que la mujer mantenía canales directos con la cúpula de la formación.
Uno de los hallazgos más significativos son los intercambios con Cristina Narbona, actual presidenta del partido. En esas conversaciones, Díez proponía tácticas para "reconducir" las críticas hacia Sánchez y ofrecía "ayuda cualificada" para torcer la narrativa pública. Narbona, en respuesta, aludía a conversaciones previas con Cerdán, lo que refuerza la tesis de una coordinación interna. El magistrado instructor ha decidido llamar a declarar a Narbona para esclarecer el alcance de estas comunicaciones.
El aspecto financiero constituye otra pieza central del rompecabezas. Los registros contables señalan que el PSOE desembolsaba mensualmente hasta 4.000 euros a favor de Díez. Estos fondos no saldrían directamente de las arcas del partido, sino que habrían sido canalizados a través de varias empresas y profesionales: el medio digital 'Crónica Libre', la consultoría de Gaspar Zarrías y los bufetes de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. En el caso de la consultoría, los investigadores han rastreado cuatro transferencias que suman 16.000 euros, justificadas formalmente como contraprestación por un informe periodístico.
El círculo de contactos de la operadora se extiende a otras figuras del entorno gubernamental. La exdirectora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantenía con ella una relación anterior a su nombramiento institucional. El exministro José Luis Ábalos recibió sus visitas en momentos de máxima presión mediática tras su imputación. Juanfran Serrano, que ocupó el gabinete de la vicepresidencia, aparece en las agendas como colaborador habitual.
Ante la magnitud de los indicios, Pedraz ha exigido a los aparatos regionales y federal del PSOE que entreguen sus extractos bancarios de los últimos dos ejercicios, junto con la documentación interna sobre prevención de delitos. En las filas socialistas, la perspectiva de una imputación de la formación como entidad jurídica genera pánico. "Sería el final", confiesan en privado dirigentes consultados por ABC.
Buena parte de la causa sigue bajo secreto de sumario, lo que alimenta la incertidumbre en la formación de cara al ciclo electoral próximo.
Source: ABC