El Supremo impone 24 años de cárcel al ex ministro Ábalos por corrupción en contratos de mascarillas
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma la culpabilidad del ex titular de Transportes por liderar una red que extrajo comisiones ilegales de la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
El Supremo impone 24 años de cárcel al ex ministro Ábalos por corrupción en contratos de mascarillas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una condena de 24 años de prisión contra José Luis Ábalos, ex responsable del Ministerio de Transportes, por su implicación en una estructura que lucró con la compra de material de protección durante la emergencia sanitaria. El fallo le encuentra responsable de integrar una organización criminal, sobornar, malversar fondos públicos y ejercer tráfico de influencias.
Todo comenzó a finales de febrero de 2024, cuando agentes de la UCO apresaron a Koldo García Izaguirre, quien había sido mano derecha de Ábalos en el departamento ministerial. Aquel mismo día, el entonces diputado socialista negó ante el Congreso tener conocimiento de la trama. Los meses siguientes desmentirían esa afirmación.
Para octubre de 2024, los fiscales anticorrupción ya sostenían que el ex dirigente del PSOE desempeñaba un rol central en la conspiración, y que la actuación de García y del intermediario Víctor de Aldama carecía de sentido sin la aquiescencia de quien ostentaba la cartera de Transportes.
Una revisión contable ordenada por Óscar Puente —quien ocupó la cartera tras la salida de Ábalos— resultó clave. Los revisores descubrieron que el condenado había suscrito una orden para adquirir cuatro millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, pero la revocó en menos de cuarenta minutos para elevar la compra a ocho millones. Los peritos entendieron que semejante duplicación, ejecutada en tan breve lapso, obedecía más a intereses comerciales que a demandas reales del ministerio.
La red traspasó los muros del departamento que dirigía Ábalos. El Ministerio del Interior, el ejecutivo balear —en aquel entonces encabezado por Francina Armengol— y la administración canaria —bajo el mandato de Ángel Víctor Torres— también contrataron con la misma firma. Conversaciones por WhatsApp y certificados técnicos presentados en la vista oral evidenciaron cómo los intermediarios empleaban la cercanía de García para presionar por abonos rápidos y allanar el acceso a otras instituciones.
El tribunal también dio por acreditado que Ábalos intercedió para que Jésica Rodríguez, su entonces compañera sentimental, obtuviera empleo en Tragsatec e Ineco, donde percibió salarios durante dos años y medio. El expediente de selección contenía apreciaciones como que la candidata "puede que necesite ayuda para no cometer errores en trabajos muy exigentes".
La instrucción se ha fragmentado en múltiples piezas. El veredicto del Supremo abarca únicamente la primera, vinculada a los contratos de mascarillas. Otras ramas, relativas a supuestas manipulaciones en obras públicas y a entregas de dinero en efectivo al partido socialista, permanecen abiertas.
Fuente: El Mundo
Source: El Mundo