Cuatro operaciones corruptas del trío Leire-Fernández-Alonso para amañar contratos públicos
La Fiscalía y la UCO han documentado cinco operaciones del grupo 'Hirurok' para manipular licitaciones y obtener beneficios ilegales en empresas públicas como Mercasa, Enusa y Forestalia.
Cuatro operaciones corruptas del trío Leire-Fernández-Alonso para amañar contratos públicos
La Fiscalía Anticorrupción presentó en diciembre una denuncia que desveló el funcionamiento de una red liderada por tres personas: Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. El grupo, que se comunicaba a través de un chat llamado 'Hirurok' (en euskera, 'nosotros tres'), utilizó su influencia para torcer decisiones administrativas a cambio de dinero. Los investigadores descubrieron la trama tras analizar el teléfono de Alonso, vinculado al caso Koldo.
Mercasa: La banda supo que la empresa pública de mercados de abastos quería trasladar su sede y decidió aprovechar la circunstancia. Su objetivo era doble: por una parte, inflar el presupuesto de reparación del edificio actual con un informe falso para justificar la mudanza; por otra, actuar como intermediarios en la búsqueda del nuevo local. Consiguieron el encargo y elevaron artificialmente las partidas de mantenimiento en 700.000 euros. Díez recorrió la ciudad para localizar posibles inmuebles. La operación inmobiliaria fracasó, pero el entramado cobró 18.120 euros por el documento. Planeaban además una comisión del 20% sobre el valor de la transacción.
Enusa: La intermediaria había trabajado anteriormente como responsable de Comunicación en esta sociedad estatal del uranio. En esta ocasión, los tres actuaron como corredores para favorecer a Acciona en la adquisición de una incineradora en Melilla y una planta de tratamiento en Castellón. Fernández y Alonso intercambiaron mensajes sobre cómo sortear obstáculos legales sugiriendo que Enusa no vendiera las acciones, sino que las cediera en usufructo. Encargaron a un profesor universitario un dictamen que respaldara esta fórmula. Los pagos se disfrazaron como asesoría estratégica a través de un bufete externo. La retribución directa fue de 17.545 euros.
Erri Berri (Avilés): El grupo se ofreció a la constructora vasca para boicotear un concurso ya adjudicado a un competidor. Asesoraron sobre cómo impugnar la licitación para que "les debiera algo". Tras anularse la primera convocatoria, manejaron borradores internos antes de su publicación oficial. La firma presentó una oferta anormalmente baja que los investigados se encargaron de que fuera admitida. Fernández aseguró que la presidenta del órgano de recursos estaba "alineada". "Conchita ha cumplido", celebró. El beneficio de 400.000 euros se ocultó como trabajos de obra civil en Pamplona.
Forestalia: La red actuó en favor de esta compañía energética de varias maneras. Facilitaron financiación pública para sus proyectos. "Ya nos han pedido que ayudemos y empujemos", anotó Fernández en el chat. La recompensa pactada ascendía a 200.000 euros. Existen múltiples indicios de que intervinieron en adjudicaciones públicas a cambio de rédito económico. La UCO describe una maniobra societaria sospechosa: Alonso adquirió varias compañías por 141.000 euros y, tras obtener licencias, las revendió a Forestalia por 6,8 millones.
Además de estas operaciones, la UCO ha identificado otros tres pagos al entorno del grupo, aunque con pruebas menos contundentes. La principal sociedad pantalla, Mediaciones Martínez, ingresó en el periodo analizado más de 1,09 millones de euros.
Fuente: El Mundo
Source: El Mundo