Condenan a once años y medio al militar que mató a su esposa enfermera ante sus hijos en Madrid
Un tribunal madrileño impone 11 años y seis meses de cárcel a un militar español por el homicidio de Leticia, su pareja, ocurrido en presencia de los dos menores. La pena queda lejos de los 21 años pedidos por el Ministerio Fiscal.
Condenan a once años y medio al militar que mató a su esposa enfermera ante sus hijos en Madrid
Un tribunal de la capital ha impuesto una condena de once años y medio de prisión a un militar español por el homicidio de su compañera, una profesional sanitaria del hospital Gregorio Marañón. El crimen tuvo lugar delante de los dos vástagos menores de edad de la pareja, hecho que la Fiscalía consideró agravante y por el que reclamaba más del doble de pena: veintiún años de reclusión.
Los magistrados de la Sección 26ª han aplicado una atenuante vinculada a la salud mental del procesado. Durante el juicio quedó acreditado que el hombre sufría un cuadro de explosividad intermitente y que, en el instante del ataque, atravesó un episodio de disociación que redujo su capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos, sin anularla por completo. El acusado había interrumpido con anterioridad un tratamiento psicológico orientado a controlar su temperamento.
El informe forense y las pruebas practicadas durante la vista oral determinaron que la muerte se produjo por asfixia tras una fuerte discusión doméstica. La pareja se encontraba en trámites de separación, circunstancia que el tribunal ha desvinculado como causa determinante del suceso.
La resolución judicial recoge como atenuante la conducta posterior del reo: contactó de forma inmediata con los servicios de emergencia para dar cuenta de lo ocurrido. Además, liquidó sus bienes personales y consignó cerca de trescientos mil euros para responder económicamente ante las víctimas, gesto que los jueces han calificado como reparación del perjuicio causado.
En el apartado civil, la sentencia fija una indemnización de ciento cincuenta mil euros para cada uno de los menores que presenciaron el crimen y de cien mil euros para los progenitores de la fallecida. Asimismo, se decreta la privación de la patria potestad sobre los hijos y una prohibición de aproximación de quinientos metros respecto a ellos y a su residencia habitual.
La acusación particular había solicitado sin éxito que se declararan agravantes por violencia machista y abuso de la relación de confianza, lo que habría incrementado considerablemente la pena impuesta.
La resolución no es firme y puede ser impugnada mediante apelación en el plazo de diez días hábiles.
Fuente: ABC
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