Los tres delitos imputados a Zapatero que pueden suponer hasta 8 años de prisión
El expresidente Zapatero comparecerá el 2 de junio ante la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra.
Zapatero, imputado por tres delitos en el caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según informa ABC, el juez José Luis Calama le investiga por tres delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Organización criminal: de 3 a 8 años
El primero de los cargos es el de pertenencia a organización criminal, figura que el Código Penal reserva para agrupaciones de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de forma concertada y coordinada, se distribuyen tareas con el fin de cometer delitos.
La distinción con el grupo criminal es relevante: este último es una estructura de menor rango, de naturaleza ocasional, sin jerarquía formal ni permanencia indefinida. La calificación como organización criminal conlleva penas más severas.
Las condenas por este delito oscilan entre 3 y 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos que persiga la organización. Si la finalidad es la comisión de delitos graves, la pena va de 4 a 8 años; en los demás casos, de 3 a 6 años. El artículo 570 bis del Código Penal sanciona de forma separada a quienes participen activamente o cooperen con la organización: de 2 a 5 años si se pretenden cometer delitos graves, o de 1 a 3 años en el resto de supuestos. Las penas se aplican en su mitad superior cuando la organización cuenta con un número elevado de miembros o dispone de armas o medios tecnológicos avanzados.
Tráfico de influencias: multa y hasta dos años
El segundo delito investigado es el tráfico de influencias, uno de los más perseguidos en el ámbito de la corrupción dentro de la Administración Pública española. La conducta consiste en que una persona, amparada en una posición de superioridad jerárquica o en una cercanía real o ficticia al poder político, económico o judicial, intenta influir sobre una autoridad o funcionario público para obtener un beneficio económico propio o para un tercero.
El Código Penal español regula esta figura en los artículos 428, 429 y 430. Para que exista responsabilidad penal no es necesario que la influencia surta efecto; basta con que se ejerza la presión, independientemente de que la persona presionada adopte o no la decisión pretendida.
Las penas para autoridades y funcionarios públicos que actúen como influenciadores van de 6 a 24 meses de prisión, además de una multa proporcional al beneficio económico pretendido u obtenido. Cuando el delito lo comete un particular —como es el caso de Zapatero, que ya no ostenta cargo público— la sanción se limita a una multa igualmente proporcional al beneficio perseguido.
Falsedad documental: hasta 3 años, o hasta 8 en casos agravados
El tercer cargo es el de falsedad documental, que se produce cuando alguien altera elementos esenciales de un documento verdadero para convertirlo en falso, o bien crea un documento nuevo a partir de un hecho falso. El Código Penal español define como documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o relevancia jurídica.
Al ser investigado como sujeto particular y no como autoridad pública, Zapatero se enfrenta a penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses en caso de falsedad de documento público. La falsedad de certificados y documentos privados conlleva multa de 3 a 6 meses. En los supuestos de falsificación de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje y otros instrumentos de pago, la pena asciende a prisión de 4 a 8 años.
El origen: los dispositivos del asesor de Plus Ultra
La imputación de los tres delitos se produjo después de que los investigadores analizaran los dispositivos de Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional siguió ese rastro y examinó las comunicaciones que el expresidente mantenía de forma constante con él.
La operativa detectada hace sospechar de un engranaje creado con el objetivo de blanquear capitales, según fuentes de la investigación citadas por ABC. En el marco de esas pesquisas, la UDEF habría registrado oficinas de empresas vinculadas a la trama, entre las que se encontraría el despacho del propio expresidente.
Source: ABC