Expedientan a 24 años de prisión al exministro español Ábalos por caso de corrupción en contratos de mascarillas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español ha impuesto una condena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por delitos de corrupción vinculados a la adquisición de material sanitario durante la crisis sanitaria.
Expedientan a 24 años de prisión al exministro español Ábalos por caso de corrupción en contratos de mascarillas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español ha impuesto una condena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por delitos de corrupción vinculados a la adquisición de material sanitario durante la crisis sanitaria, según informa la agencia AFP en una noticia publicada por Seznam Zprávy (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-spanelsky-soud-ulozil-exministru-dopravy-abalosovi-24-let-za-korupci-309095).
La trama investigada giraba en torno a la adjudicación irregular de contratos para la compra de millones de mascarillas en plena pandemia de COVID-19. La acusación sostenía que el político socialista recibió numerosas contraprestaciones a cambio de facilitar dichos contratos: desde extras mensuales que incrementaban su remuneración oficial, hasta el pago de viajes familiares, regalos y favores para diversas personas con las que mantenía relaciones personales, incluyendo el coste de servicios sexuales de pago.
La sentencia, dictada de forma unánime por los magistrados, también alcanzó a Koldo García, antiguo colaborador directo de Ábalos, a quien se le impusieron 19 años de reclusión por integrar una estructura delictiva, junto con malversación, cohecho y tráfico de influencias. Ambos procesados habían negado durante toda la vista oral las imputaciones que pesaban sobre ellos, y ya permanecían en prisión provisional desde hacía meses.
Asimismo fue penado el empresario Víctor de Aldama, propietario de las sociedades beneficiadas en la operación de compraventa de material de protección, con una pena de cuatro años y medio de privación de libertad. No obstante, el comienzo de su condena quedó aplazado gracias a la colaboración que prestó a la justicia durante la instrucción. Durante su declaración, De Aldama apuntó directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, señalándole como cabecilla de una supuesta red delictiva, y aseguró que el partido en el gobierno se habría beneficiado de financiación ilegal proveniente de estas comisiones. El presidente ha desmentido rotundamente estas afirmaciones.
El fallo judicial estableció que los tres encausados constituyeron una asociación ilícita con funciones repartidas, responsable de graves ilícitos de naturaleza corrupta.
Ábalos había sido uno de los artífices del ascenso de Sánchez a la secretaría general del PSOE y a la presidencia del gobierno, ocupando entre 2017 y 2021 la secretaría de organización de la formación, el puesto de mayor peso interno. La irrupción de este escándalo provocó un terremoto político en el seno de la coalición progresista, que había erigido la honestidad como uno de sus ejes programáticos. La crisis también salpicó a Santos Cerdán, quien sucedió al condenado en el órgano de dirección del partido.
Sánchez asumió el liderazgo del PSOE en el verano de 2017 y accedió al palacio de La Moncloa un año después, tras la caída del ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) a consecuencia de un macroescándalo de corrupción. El actual mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones su desconocimiento sobre los hechos investigados y ha defendido la limpieza financiera de su formación. Desde la derecha, tanto el PP como Vox mantienen una ofensiva política exigiendo su dimisión y la convocatoria de comicios anticipados, peticiones que el socialista ha rechazado de plano.
La situación judicial del entorno del presidente se complica además con otras causas pendientes: su hermano David Sánchez espera resolución en un procedimiento por tráfico de influencias; el pasado sábado el tribunal ordenó el enjuiciamiento de su cónyuge, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción, decretando su prohibición de salida del territorio nacional; y su antiguo mentor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también está siendo investigado por supuesto tráfico de influencias. A finales del mes de mayo, agentes judiciales registraron la sede federal del PSOE en Madrid en el marco de una pieza separada que investiga la existencia de una supuesta célula encargada de entorpecer las pesquisas sobre presuntos ilícitos cometidos por dirigentes socialistas y miembros del gabinete.
Source: Google News CZ — Crime (cs)