Zapatero, investigado por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional investiga al expresidente por presuntas comisiones irregulares ligadas al rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Declarará el 2 de junio.
Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura como investigado en una causa por corrupción radicada en la Audiencia Nacional, según informa El País. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha levantado el secreto sumarial que cubría la investigación desde hace meses, iniciada junto a la Fiscalía Anticorrupción.
Es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno queda investigado en una causa de esta naturaleza.
Los cargos: tráfico de influencias y delitos conexos
Zapatero ha sido imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos en el marco de una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero opaco procedente de Venezuela, vinculado al rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra tras la pandemia.
El juez Calama lo sitúa como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", según ha indicado la Audiencia Nacional. El instructor cifra en 1,95 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno habrían podido percibir en el marco de la supuesta trama.
Zapatero declarará el 2 de junio
El expresidente deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, a las 9.00 horas, asistido por un abogado. Como investigado, podrá acogerse a su derecho a no declarar o a responder únicamente a las preguntas de su defensa.
Zapatero ya reaccionó públicamente este martes a través de un vídeo en el que confirmó haber recibido la notificación judicial. Expresó su voluntad de "colaborar con la justicia" y aseguró que toda su actividad pública y privada "se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad". "Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo", subrayó.
En marzo, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado en el caso Koldo, el expresidente ya negó cualquier irregularidad relacionada con la compañía aérea: "No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás". Explicó que únicamente participó como consultor de la empresa Análisis Relevante y que desconocía que esta mercantil trabajara también para la aerolínea.
Registro de su oficina y otras sedes vinculadas
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron este martes la oficina del expresidente, ubicada en la calle Ferraz de Madrid. El juez autorizó la intervención de dispositivos electrónicos —teléfonos, ordenadores y tablets—, así como agendas, documentación contable, facturas y contratos.
El magistrado también ordenó la incautación del teléfono móvil de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, al considerar que existen indicios de que "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".
Los agentes registraron además la sede de la agencia de marketing y comunicación de las hijas del expresidente, What The Fav, y otras dos mercantiles relacionadas con la causa. Zapatero reconoció en el Senado que propuso a Análisis Relevante que sus hijas prestaran servicios de comunicación y marketing. Según el juez, la empresa de las jóvenes "no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado".
El núcleo de la investigación: el rescate de Plus Ultra
El juez Calama investiga el presunto "uso indebido" de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Gobierno español en marzo de 2021 como ayuda por las pérdidas derivadas de la pandemia. El instructor intenta determinar si la supuesta trama empleó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para "ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
El origen: peticiones de cooperación de Francia y Suiza
La investigación arranca en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional para desarticular una "organización criminal" dedicada al blanqueo de fondos opacos procedentes de Venezuela. Francia y Suiza solicitaban la práctica de una serie de registros en pisos y casas de Madrid, Tenerife y Mallorca.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El País, las autoridades internacionales advertían de que funcionarios públicos venezolanos habían desviado fondos "de muy alta cuantía" a Europa de forma ilegal. El dinero procedía de los programas de distribución de alimentos del chavismo —los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como C.L.A.P.— y de la venta de oro. Para blanquearlo, presuntamente, la trama habría instrumentalizado el rescate de Plus Ultra.
Con anterioridad a esta investigación, un juzgado de Madrid había abierto una causa en 2021 para examinar el mismo rescate, tras una denuncia de Manos Limpias. Ese procedimiento tuvo que archivarse por un error durante su tramitación.
Source: El País