Juicio 'caso Kitchen': tres meses de vista sobre el espionaje a Bárcenas en el Gobierno Rajoy
El tribunal del caso Kitchen cerró 37 sesiones sobre la operación policial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años para los principales acusados.
El 'caso Kitchen' concluye su vista oral tras 37 sesiones y tres meses de juicio
La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, puso fin este martes a la vista oral sobre la operación de espionaje organizada en 2013 desde el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas. Según informa El País, el juicio se extendió a lo largo de 37 sesiones y más de tres meses. Los magistrados deberán ahora valorar los indicios acumulados contra el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión para cada uno de ellos.
La futura sentencia, sin plazo establecido para su publicación, deberá responder a cuestiones de enorme calado político. Por el proceso llegó a declarar como testigo el expresidente Mariano Rajoy.
¿Se probó el espionaje?
A estas alturas, ninguna de las partes niega que la cúpula de la Policía Nacional activó una operación de vigilancia sobre Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y su entorno en 2013, cuando el extesorero ingresó en prisión preventiva. Más de una docena de agentes admitieron en el juicio haberse sumado al operativo por órdenes de sus superiores. Los propios acusados reconocieron la existencia de dicha operación. "Había que montar un servicio", se justificó el comisario Eugenio Pino.
Las partes exhibieron ante el tribunal las actas elaboradas por los funcionarios que siguieron a la familia del excontable del PP, incluidas fotografías. Los agentes llegaron a instalar una videocámara frente al despacho del abogado de Bárcenas para registrar quién accedía al lugar. "Estuvimos haciendo seguimientos hasta octubre de 2013, que nos detecta Rosalía Iglesias", declaró el jefe del área especial de seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), unidad que operaba bajo el mando del comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. "Después, García Castaño nos pide hacer alguna vigilancia en el entorno del edificio del despacho del abogado de Bárcenas [...] Hicimos un archivo y se lo dimos a García Castaño. No sé a quién se lo dio él", relató el testigo.
El objetivo del operativo, punto central del debate
La finalidad del espionaje constituye una de las claves sobre las que el tribunal deberá establecer una verdad judicial. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el resto de acusaciones —incluidas la familia Bárcenas, el PSOE y Podemos— sostienen que la trama buscaba sustraer documentación "comprometedora" que el extesorero aún podría conservar sobre altos cargos del PP, para evitar que llegara a los investigadores del caso Gürtel, que entonces cercaban al partido. Como indicio principal señalan los audios y las agendas del comisario José Manuel Villarejo, quien participó en la captación del chófer del excontable. En una de esas grabaciones, Villarejo instaba al conductor a "darle al tarro para encontrar ese pendrive" donde Bárcenas habría almacenado conversaciones con Rajoy y Javier Arenas sobre la caja b del partido.
Las defensas rechazan esa tesis de forma unánime. En sus alegatos finales sostuvieron que el despliegue policial respondió a una "operación de inteligencia" destinada a localizar la fortuna que Bárcenas ocultaba en el extranjero y a sus testaferros. "Nada de la prueba que se ha practicado permite inferir el gran titular que enmarca Kitchen. En la operación de inteligencia se pudo cometer alguna irregularidad, pero de ahí a afirmar que era una operación predeterminada por autoridades del Estado para ese fin... No ha quedado probado y no era así", argumentó el abogado del comisario Villarejo.
La conexión con el exministro Fernández Díaz
Francisco Martínez, mano derecha de Fernández Díaz durante su etapa en el Ministerio del Interior, representa el principal vínculo que conduce hasta el exdirigente popular. Martínez reiteró en el juicio que su superior conocía la captación del chófer de Bárcenas, aunque intentó suavizar la posición de su antiguo jefe. En ningún momento hizo referencia a los mensajes de teléfono que él mismo entregó hace un lustro a la Audiencia Nacional y que, según declaró entonces, le envió el ministro. Esos SMS mencionan explícitamente al conductor —"Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)"— y al supuesto acceso al contenido de los dispositivos del extesorero: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)".
El abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, cuestionó la autenticidad de esos mensajes: "Mantenemos la tesis de que esos mensajes nunca existieron. Y si existieron, nunca fueron enviados ni reenviados por Jorge Fernández Díaz". El exministro ha negado en todo momento haber tenido conocimiento de la operación Kitchen. Mandri subrayó además que los dos notarios que registraron los SMS no pudieron acreditar al cien por cien que el político estuviera detrás de ellos.
La Fiscalía Anticorrupción respondió en fase de conclusiones con otros elementos que, a su juicio, sitúan a Fernández Díaz en la cúspide del operativo contra Bárcenas, entre ellos las anotaciones de las agendas de Villarejo, que indican que se le reportaba directamente. "Y se aparta de la lógica que Martínez no le diera cuenta de todo a Jorge Fernández Díaz", apostilló el fiscal César de Rivas.
La investigación del caso Gürtel, al margen
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, declaró en el juicio que nadie comunicó a su equipo que la cúpula policial había puesto en marcha una operación paralela contra Bárcenas. Los investigadores del caso Gürtel habrían permanecido, según su testimonio, ajenos al dispositivo de espionaje que se ejecutaba de forma simultánea desde el interior del propio Cuerpo Nacional de Policía.
Source: El País