Tres colombianos aceptan penas de cárcel por intentar matar a un empresario valenciano
Un tribunal de Valencia ha impuesto seis años y medio de prisión a tres hombres que fracasaron en su misión de asesinar a un empresario de Puçol a cambio de dinero.
Tres colombianos aceptan penas de cárcel por intentar matar a un empresario valenciano
Un tribunal valenciano ha impuesto seis años y medio de reclusión a tres individuos originarios de Colombia que fracasaron en su cometido de eliminar a un empresario de Puçol. El pacto alcanzado con la fiscalía les ha permitido evitar un juicio prolongado y una condena mucho más severa, que inicialmente rondaba los veinte años de privación de libertad.
El episodio violento se remonta al 16 de diciembre de 2022, cuando la víctima salió de su vivienda poco después de las seis de la madrugada con rumbo a su compañía. Dos de los implicados, con el rostro oculto bajo cascos integrales, la siguieron en una motocicleta hasta las inmediaciones del negocio. Allí, uno de ellos extrajo una pistola semiautomática —alterada con supresor de ruido y cañón acortado— y disparó a quemarropa contra la cabeza del empresario. La bala no impactó en el blanco. El agresor trató de repetir el disparo, pero circunstancias fuera de su control impidieron que lo consiguiera.
El encargo tenía un precio de treinta mil euros, repartibles entre los tres ejecutores. Como el objetivo no fue alcanzado, el mandante solo abonó quince mil. La víctima había advertido con anterioridad que le habían instalado un dispositivo de rastreo en su automóvil, lo que le alertó sobre el peligro. Meses después, la investigación avanzó cuando uno de los fallidos asesinos contactó con un profesional más experimentado para culminar el encargo.
La resolución judicial establece cuatro años y medio por homicidio frustrado y dos años por portación ilegal de armas de fuego. La rebaja se fundamenta en la reparación parcial del perjuicio —los acusados ya pagaron una parte de la indemnización— y en el desistimiento de la acusación por integración en banda criminal. Los abogados defensores fueron Francisco Vicente Martínez y Sonia García Galiano.
Además, una mujer fue sancionada con ocho meses de internamiento como cooperadora en el delito de posesión ilícita de arma, tras ocultar la pistola en su residencia de Sollana. No cumplirá la sanción en prisión si mantiene conducta intachable durante dos años.
El empresario afectado recibirá una compensación colectiva de diez mil euros por el daño moral sufrido. Quien ordenó el atentado y el motivo exacto —se especuló con una venganza sentimental— siguen sin determinar.
Información obtenida de Las Provincias
Source: Google News ES — Crime (es)