Suspendido el juicio del caso 'Topillo': el Mar Menor ejerce por primera vez su personalidad jurídica
El Tribunal suspendió la vista por la ausencia justificada del perito Luis Murillo, cuyo informe es clave para determinar los daños en la laguna.
El Mar Menor llega a los tribunales como acusación particular, pero el juicio se aplaza
El juicio del caso 'Topillo' previsto para este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha sido suspendido antes de celebrarse. El Tribunal acordó el aplazamiento tras la incomparecencia justificada del perito judicial Luis Murillo, cuyo informe se considera "básico" para la causa, según informa El Mundo.
La vista tenía una relevancia singular: era la primera ocasión en que el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, iba a ejercer su personalidad jurídica como acusación particular y como perjudicado en un proceso penal.
Dos empresas y un administrador, imputados por vertidos entre 2015 y 2017
El caso 'Topillo' es una macrocausa que investiga una serie de vertidos contaminantes procedentes de distintas explotaciones del Campo de Cartagena. Los informes periciales apuntan a que esos vertidos han podido causar un daño "irreversible" en la laguna. En este proceso concreto, dos empresas y un administrador están imputados por un presunto delito contra el medio ambiente cometido entre 2015 y 2017.
El perito Murillo debía establecer en su informe los daños sufridos por la laguna, sus causas y una valoración económica de los mismos. Ante su ausencia, el fiscal del Área de Cartagena solicitó la suspensión para poder celebrar el juicio en acto único y contar con la presencia del perito. Las acusaciones particulares —integradas por cuatro ayuntamientos de la Región y colectivos como Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace España y Alianza Mar Menor Amarme— se adhirieron a esa petición, que los magistrados finalmente aceptaron.
El origen: pozos ilegales y la "sopa verde" de 2016
Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, explicó a El Mundo que el caso se inició en 2018, cuando la Fiscalía, basándose en investigaciones del Seprona, presentó una denuncia por la presunta extracción de agua de pozos ilegales. Esa agua era desalinizada mediante un proceso de ósmosis inversa que, según la acusación, provocó la primera "sopa verde" de 2016, un fenómeno que ocurre cuando la laguna "colapsa" al ser "incapaz de autorregularse por la gran cantidad de nutrientes que recibía".
Tres años más tarde, el 12 de octubre de 2019, la DANA que azotó la Región de Murcia provocó un nuevo colapso al verter ese mismo contenido en las aguas de la laguna. "Todas esas prácticas han propiciado que el estado ecológico del Mar esté absolutamente degradado", señaló Díez.
Las penas solicitadas superan el medio millón en indemnizaciones
El Ministerio Público solicita en su escrito de acusación siete años de prisión para el administrador, una multa de 9.000 euros y una indemnización por perjuicios de dominio público de 506.137,44 euros. Las acusaciones particulares, por su parte, piden una multa superior al millón de euros, la suspensión de la actividad empresarial durante tres años y una indemnización también por encima del medio millón de euros.
Una ley que reconoce a la laguna como sujeto de derecho
La trascendencia del juicio deriva de la Ley 19/2022, del 30 de septiembre, por la que el Estado español reconoce al Mar Menor y a su cuenca como entidad con personalidad jurídica propia, con capacidad para ser representada en procedimientos judiciales. Es la primera vez que este mecanismo se activa en el sistema jurídico español y europeo.
Díez matizó, no obstante, que el alcance concreto de esta representación en calidad de perjudicado aún no está del todo definido, dado que la ley no ha sido desarrollada mediante reglamento. La letrada indicó que la representación podría ejercerse en cualquier procedimiento en el que el Mar Menor se vea afectado, aunque el impacto real de esta innovación legal quedará determinado por el reglamento que desarrolle la norma y por la jurisprudencia que se vaya generando.
El trasvase Tajo-Segura, telón de fondo del deterioro
Sobre el futuro de la laguna, Díez mostró cautela. "El estado del mar está muy dañado y más allá de los hechos concretos que se verán en los distintos procedimientos, el problema de fondo es el impacto económico. El regadío ha crecido muchísimo desde el inicio del trasvase Tajo-Segura en 1979 y ahora mismo no hay agua", apuntó.
"Mientras exista este sistema, seguramente la laguna se vaya a ver perjudicada. O se consigue agua del trasvase o sacas agua de pozos que en este momento son irregulares e ilegales y no están autorizados por la Confederación Hidrográfica del Segura", añadió la responsable jurídica de Greenpeace.
El juicio se celebrará en una fecha aún por determinar, cuando pueda garantizarse la presencia del perito Luis Murillo y la celebración del proceso en sesión única.
Source: El Mundo