Un exconcejal del PSOE de Santiago acepta seis meses de cárcel por alquilar una nave de su empresa al Concello
José Manuel Pichel, exconcejal socialista de Santiago de Compostela, ha pactado una condena de seis meses de prisión por negociaciones prohibidas a funcionarios. La pena quedará en suspenso si no reincide en dos años.
Pichel acepta la condena: seis meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación
José Manuel Pichel, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, ha aceptado una pena de seis meses de prisión y cuatro años de inhabilitación tras reconocer su papel en el alquiler de una nave municipal propiedad de una empresa que él mismo había administrado. Según informa ABC, el acuerdo ha sido suscrito entre la defensa, las acusaciones particulares y la Fiscalía, y solo resta su ratificación en sede judicial.
Pichel evitará el ingreso en prisión: la ejecución de la pena quedará suspendida si no comete ningún delito durante los próximos dos años. Además de la pena privativa de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, deberá abonar una multa de aproximadamente 3.650 euros. El delito por el que será condenado es el de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El origen del caso Desproi
Tras las elecciones municipales de 2019, Pichel asumió la concejalía de Medio Rural y con ella la responsabilidad del servicio de parques y jardines. Las oficinas de dicho servicio se ubicaban en la antigua estación de autobuses de la capital gallega, pero debían desalojarlas ante la construcción de edificios administrativos de la Xunta en esos terrenos.
En los primeros días de septiembre de 2021, Pichel impulsó las gestiones para encontrar un nuevo emplazamiento. Los técnicos municipales elaboraron varios informes a lo largo de la primera quincena de ese mes y concluyeron proponiendo una nave en el polígono de Costa Vella, propiedad de la entidad Desproi Promociones.
El 14 de septiembre de 2021, en sesión de la junta de gobierno local, Pichel votó a favor de alquilar esa nave a Desproi para instalar de forma temporal los servicios de parques y jardines y medio rural, hasta que las nuevas instalaciones proyectadas en el recinto ferial de Amio estuvieran disponibles. El contrato estipulaba un alquiler de cuatro meses, prorrogable en caso de que las obras de Amio no concluyeran a tiempo, con un coste de 4.120 euros más 865 de IVA.
El vínculo de Pichel con Desproi
El núcleo del caso reside en que Pichel había sido administrador de Desproi, sociedad constituida antes de 2012. Ejerció dicha administración a través de la entidad Servicios Técnicos Gaia, de la que era propietario y administrador. El 27 de septiembre de 2021, en fechas coincidentes con la aprobación del alquiler, Pichel cedió sus acciones en Gaia a la sociedad Surco Agrario. El contrato de arrendamiento de la nave fue firmado el 1 de octubre de 2021 entre el entonces alcalde, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, y el nuevo administrador de la sociedad.
Al presentar su dimisión en 2023, Pichel reconoció haber cometido un «error considerable» al «no haber comunicado al alcalde ni al resto de la junta de gobierno» su participación en Desproi, aunque sostuvo haberlo hecho «sin mala fe».
Una causa que se cerró para todos los demás imputados
En el marco del caso Desproi llegaron a estar imputados varios concejales del equipo de Bugallo, incluido el propio alcalde. Sin embargo, la causa se archivó para todos ellos y continuó únicamente contra Pichel, quien se vio obligado a dimitir como concejal de Medio Rural en 2023 a raíz de la polémica.
El proceso concluirá ahora con una sentencia de conformidad en los términos pactados entre las partes. La Fiscalía ha recogido los hechos en un escrito dirigido al juzgado, en el que todas las partes se muestran favorables a la suspensión de la pena de prisión, condicionada a que Pichel no incurra en ningún delito durante un plazo de dos años.
Source: ABC