El abogado de Zapatero pidió acceso total al material antes de protestar por las filtraciones
El letrado Moreno Catena reclamó primero el acceso íntegro a las diligencias del caso Plus Ultra y luego exigió limitar su difusión. El juez Calama ha adoptado medidas para frenar nuevas filtraciones.
La defensa de Zapatero reclamó acceso completo al expediente antes de denunciar las filtraciones
El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, protestó ante el juez por la difusión de información privada del ex presidente después de haber solicitado él mismo, semanas antes, acceso íntegro a todo el material obrante en las diligencias. Así lo recoge El Mundo a partir de los escritos presentados ante el magistrado instructor José Luis Calama.
En un escrito fechado el 2 de junio, Moreno Catena se dirigió al juez Calama para señalar que los informes policiales, los escritos de la Fiscalía y las resoluciones del instructor contenían «múltiples referencias a conversaciones que aparecen en al menos dos dispositivos, que precisamente no están a disposición de las partes».
El letrado argumentó que «en aras a la defensa de los derechos fundamentales» de su cliente existían «evidencias digitales que no constan en la causa elevada a la Plataforma Cloud». En ese escrito advertía: «No cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad; de esa manera se quiebra la limpieza procesal, la igualdad de las partes y la lealtad».
La petición era clara: o se proporcionaban íntegramente los dispositivos para que las defensas pudieran acceder a su totalidad, o se excluían también por completo, suprimiendo las referencias a los contenidos que habían podido examinar las partes. No figuraba en aquel texto ninguna solicitud de expurgo del material personal de Zapatero.
Cambio de posición tras la difusión de las agendas
Una vez concedido ese acceso completo —tal y como había reclamado Moreno Catena—, la semana pasada se publicaron informaciones sobre la investigación que llevaron al mismo letrado a presentar un segundo escrito, esta vez en sentido opuesto. En tono encendido, el abogado reclamó limitaciones de acceso a la información y protestó por la difusión de las agendas del ex presidente y el chat íntegro con su secretaria, señalando que se vulneraban «de forma grave e irreparable los derechos fundamentales» de Zapatero «sin que se hayan adoptado precauciones previas o medidas posteriores para salir al paso de semejante violación».
El letrado señaló que la inclusión del procedimiento en la plataforma Cloud de Justicia —a la que solo pueden acceder las partes— había dado lugar a que el contenido del informe y sus anexos tuvieran «un inmediato reflejo en los medios de comunicación».
El juez adopta medidas y abre una investigación por las filtraciones
El magistrado Calama acordó ese mismo día diversas medidas para impedir nuevas difusiones. En su resolución recordó que en el procedimiento hay 15 acusados y 10 acusaciones populares, con 23 abogados con acceso al sistema Cloud. A partir de ahora, no habrá audio de las declaraciones, solo transcripción, y únicamente el PP —al que se ha encomendado la coordinación de las acusaciones— tendrá acceso a la plataforma. Calama también ha dado traslado de lo ocurrido a los juzgados de Madrid para que abran una investigación por las filtraciones.
La defensa de Zapatero considera insuficientes estas medidas y exige que el juez ordene a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que se limiten a anexar a sus informes «la documentación estrictamente necesaria que ampara sus conclusiones policiales», absteniéndose de adjuntar el contenido íntegro de documentos personales sin relación directa con el procedimiento.
Moreno Catena también solicita que el material incautado en los registros de mayo, «que aún no ha sido objeto de expurgo», pase a una pieza separada a la que solo puedan acceder la Fiscalía y la propia defensa de Zapatero, para filtrar desde allí qué información queda a disposición del resto de las partes.
El caso Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional, investiga la concesión de un rescate de 34 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Las defensas de otros investigados también se han personado ante el juzgado para solicitar que se limitara la información personal de sus clientes que no fuera estrictamente necesaria para el procedimiento.
Source: El Mundo