Compra de 31.000 pistolas para la PNP bajo sospecha de sobreprecio y falta de licitación
El Ministerio del Interior pagó casi 30 millones de dólares por armas antes de recibir una sola pistola, sin concurso público. Expertos advierten posible colusión.
Contrato de armas para la PNP desata escándalo por irregularidades millonarias
Según infobae.com, a pocos días de que el exministro José María Balcázar dejara el cargo, el Ministerio del Interior quedó en el centro de una grave denuncia pública: la adquisición de 31.045 pistolas para la Policía Nacional del Perú (PNP) por casi 29,5 millones de dólares, pagados en su totalidad antes de recibir la primera arma.
El reportaje, difundido originalmente por el programa Cuarto Poder, reveló que el contrato se firmó sin licitación pública y con un adelanto del 100% del valor total, cuando la práctica estándar en la administración pública peruana admite anticipos de hasta el 30%.
Proveedor israelí elegido sin competencia real
La compra se canalizó a través de FAME, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, empresa estatal adscrita al Ministerio de Defensa, bajo la modalidad de encargo amparada en la ley 3168-4. El proveedor seleccionado fue IWI, firma israelí socia de FAME, sin que mediara concurso competitivo alguno.
El precio acordado por cada pistola modelo Jericho, calibre 9 mm, fue de 949 dólares por unidad. En un proceso previo —suspendido y luego anulado por el propio Ministerio del Interior— empresas como Beretta, Sig Sauer y Tanfoglio habían presentado ofertas de menos de 560 dólares por unidad, con plazos de entrega más cortos.
Diferencia de trece millones de dólares sin justificación técnica
Gonzalo Gil, abogado de Armería Unidas del Perú, señaló que la brecha de trece millones de dólares entre el precio pagado y las ofertas más bajas resulta inexplicable. Gil indicó que la decisión de pagar un precio notablemente superior a cambio de una entrega más tardía carece de justificación técnica o financiera.
Marco Montoya, experto en contrataciones estatales, advirtió que el proceso podría constituir un caso de colusión. Contratos firmados de forma apresurada y sin cumplir con los principios de competencia y transparencia suelen ser indicio de prácticas ilícitas, según Montoya.
El Estado garantizó su propio riesgo
Otro aspecto cuestionado es la redacción de la carta fianza, el documento que debería proteger al Estado ante un eventual incumplimiento. En este caso, fue elaborada por dos entidades estatales: el Ministerio del Interior y FAME, lo que implica que el propio Estado asume el riesgo de una transacción entre actores públicos.
El reportaje también expuso antecedentes de reuniones previas entre representantes de FAME, IWI y personas cercanas al entorno presidencial, lo que alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso.
Concurso anulado, encargo aprobado en 48 horas
Durante la gestión de Balcázar, el proceso de compra acumuló reiteradas postergaciones y cambios en la dirección de la oficina administrativa responsable, hasta que el concurso internacional fue declarado nulo por supuestos vicios en las bases y en las especificaciones técnicas.
Al día siguiente de esa anulación, el gobierno reactivó la compra bajo la modalidad de encargo, permitiendo a FAME seleccionar directamente al proveedor. Los registros oficiales indican que la convocatoria fue publicada el 30 de junio y la buena pro se otorgó apenas 48 horas después, sin competencia real de por medio.
Source: Google News PE — Crime