Tribunal Andino admite demanda contra Perú por minería ilegal en río Nanay
El TJCA abrió proceso contra el Estado peruano por incumplir normas andinas frente a la minería ilegal. Más de 100 dragas operan actualmente en la cuenca del Nanay, principal fuente de agua de Iquitos.
Proceso internacional cuestiona el Reinfo y alerta sobre dragas en la cuenca del Nanay
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite, mediante un auto emitido en julio, una demanda contra el Estado peruano por presuntos incumplimientos en la lucha contra la minería ilegal. Según informó infobae.com, el proceso —registrado bajo el expediente 03-AI-2025— fue promovido por la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) y pobladores de la región de Loreto.
La organización demandante articula a 33 comunidades asentadas en torno al río Nanay, que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de Iquitos y de una población que supera el medio millón de personas. La demanda señala la presunta vulneración de normas comunitarias relacionadas con minería ilegal, control del mercurio, cooperación aduanera y crimen organizado transnacional.
Secretaría General ya había dictaminado incumplimientos
El camino hacia el tribunal se inició el 27 de junio de 2025, cuando los reclamantes acudieron primero a la Secretaría General de la Comunidad Andina, etapa administrativa obligatoria antes de presentar una acción de incumplimiento ante el TJCA. En octubre de ese año, la Secretaría emitió el Dictamen N.° 007-2025, en el que concluyó que el Perú había incumplido dos obligaciones específicas.
Por un lado, la Secretaría consideró insuficientes las medidas adoptadas para fortalecer la extinción de dominio sobre instrumentos y productos vinculados con minería ilegal, lavado de activos y delitos conexos. Por otro, determinó que las sucesivas prórrogas del proceso de formalización minera asociado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) obstaculizaron su aplicación efectiva y vulneraron el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino.
La resolución no declaró que todas las disposiciones del Reinfo fueran contrarias a las normas andinas, pero cuestionó la reiteración de las ampliaciones y recomendó al Perú abstenerse de adoptar medidas que dificulten una formalización real.
Abogado califica el Reinfo como "mecanismo de impunidad"
El abogado ambientalista César Ipenza explicó en RPP que, a su juicio, el Reinfo terminó funcionando como un "mecanismo de impunidad" que ha permitido que determinadas operaciones permanezcan durante años bajo el paraguas de un proceso de formalización sin culminarlo. Ipenza fue más crítico que el propio dictamen administrativo y señaló que el problema de fondo reside en la ausencia de fiscalización efectiva.
En cuanto a la situación sobre el terreno, el especialista aseguró que más de 100 dragas estarían operando actualmente en la cuenca del Nanay pese a los operativos realizados por las autoridades. Los antecedentes oficiales recogidos por la Secretaría General de la CAN muestran una expansión sostenida: entre 2017 y 2025 se identificaron 841 dragas en el río Nanay —cifra acumulada, no de embarcaciones operando simultáneamente—, de las cuales 275 fueron detectadas solo durante 2025.
"Tenemos más de 100 dragas actualmente operando en la zona", afirmó Ipenza, quien cuestionó que los operativos continúen siendo aislados y no estén acompañados de un control sostenido sobre las rutas de abastecimiento ni de trabajos de inteligencia para identificar a quienes financian las operaciones.
La preocupación no se limita a la remoción del lecho de los ríos. La minería aurífera ilegal emplea mercurio para separar el oro, y las operaciones requieren además grandes volúmenes de combustible y otros insumos que deben trasladarse hasta zonas alejadas.
El TJCA aún debe pronunciarse sobre el fondo
La admisión de la demanda no equivale a una condena. El TJCA, con sede en Quito, deberá escuchar a las partes, evaluar las pruebas y determinar si el Estado incumplió normas comunitarias que son obligatorias para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. A diferencia del dictamen previo de la Secretaría General, una eventual sentencia del tribunal tiene carácter vinculante: si se declara un incumplimiento, el país queda obligado a adoptar las medidas correctivas correspondientes. El sistema andino contempla consecuencias adicionales en caso de que un Estado no acate una sentencia.
Gobierno prepara nueva ley para reemplazar el Reinfo
La controversia llega en un momento en que el Gobierno trabaja en un nuevo marco normativo para sustituir el esquema actual de formalización. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que el Ejecutivo espera tener lista en noviembre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y sostuvo que el Reinfo "debe tener un punto final". La vigencia actual del registro vence el 31 de diciembre de 2026.
Ipenza advirtió, sin embargo, que cambiar la norma no resolverá por sí solo el problema. Para el especialista, cualquier nuevo sistema deberá venir acompañado de fiscalización efectiva, control de las plantas de beneficio, seguimiento a los insumos utilizados por la minería ilegal y mayor capacidad para desarticular las organizaciones que operan detrás de la extracción de oro.
Source: Google News PE — Crime