Trump activa por primera vez el tribunal secreto de deportación de terroristas
La Administración Trump presentó el 15 de julio la primera solicitud ante el ATRC, un tribunal creado en 1996 pero nunca utilizado. El caso se mantiene en secreto por razones de seguridad nacional.
El Gobierno de Trump activa el tribunal secreto de expulsión de terroristas extranjeros
La Administración Trump presentó el 15 de julio una solicitud ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), la primera desde que la corte fue creada en 1996, según informa elpais.com. La identidad del demandado y los argumentos del Gobierno permanecen bajo secreto, tal como estipula el reglamento del tribunal.
La jueza de distrito Joan Ericksen, que preside el ATRC, señaló que se plantearon "interrogantes sobre el nexo que el Gobierno alega que existe entre las acciones de la parte demandada y las secciones y subsecciones específicas que invoca". Según explicó, "las respuestas convencieron al tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideración más detenida". El Departamento de Justicia (DOJ) tenía como plazo el miércoles para aportar información adicional.
Un tribunal de 1996 jamás activado
El Congreso creó el ATRC hace tres décadas como un mecanismo de excepción. El presidente del Tribunal Supremo está facultado para designar a cinco jueces de tribunales de distrito federales, con mandatos de cinco años renovables procedentes de distintos circuitos judiciales, para examinar solicitudes de expulsión de terroristas extranjeros.
La ley permite al fiscal general redactar y presentar una solicitud en secreto. Un solo juez puede aprobarla si determina que el extranjero ha sido correctamente identificado como terrorista y que su expulsión por otros cauces legales supondría un riesgo para la seguridad nacional. La persona afectada no es informada de que es objeto de la petición hasta que el juez aprueba la solicitud, momento en que se le concede una audiencia pública para impugnar la decisión. Las apelaciones se tramitan ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Aram Gavoor, vicedecano de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, explicó a elpais.com que todos los jueces del ATRC tienen experiencia previa en el Tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). "Están acostumbrados a exigir rigor al Gobierno, aunque no en procesos de expulsión de extranjeros, sino al autorizar escuchas telefónicas", indicó. Gavoor, que ejerció como asesor jurídico de seguridad nacional del DOJ en varias administraciones demócratas y republicanas, consideró que la activación del tribunal responde a una situación "extremadamente grave". "Supongo que se presentó una situación fáctica tan sumamente grave y peligrosa que se vieron obligados a recurrir a él, ya que no disponían de ningún otro mecanismo para expulsar a esa persona sin correr el riesgo de revelar información altamente confidencial", afirmó.
Máxima presión deportadora
La puesta en marcha del ATRC se produce en un contexto de escalada en las políticas de deportación de la Administración Trump. Según datos adelantados por The New York Times, el Gobierno se ha propuesto detener a 2.000 personas al día. El Centro de Información sobre Registros de Transacciones (TRAC), que lleva un recuento no oficial de la actividad antiinmigración, publicó que en junio se cerraron 100.773 casos de deportación, un récord histórico, impulsado en gran medida por un aumento del 30% en las órdenes de expulsión dictadas por jueces de inmigración.
Durante los primeros meses de la Administración Trump se dictaban en torno a 50.000 órdenes mensuales, cifra que se mantuvo estable durante aproximadamente un año. En marzo de 2026 ascendieron a 60.000 y se dispararon hasta casi 79.000 en junio, según TRAC.
El antecedente de la Ley de Enemigos Extranjeros
Aunque el ATRC nunca había funcionado, el tribunal apareció mencionado en el debate judicial sobre las primeras deportaciones masivas de la Administración. En marzo de 2025, el Gobierno recuperó la Alien Enemies Act de 1798 para justificar la deportación de 260 migrantes salvadoreños y venezolanos a El Salvador, una norma que solo se había aplicado anteriormente en contextos de conflicto bélico, como las dos guerras mundiales.
Los deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido por la violación sistemática de derechos humanos, sin que se les garantizara el debido proceso. La Administración los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, designada por Trump como organización terrorista, pero no presentó pruebas que lo sustentaran. En varios casos, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificaron la supuesta pertenencia a esos grupos únicamente por los tatuajes de los detenidos.
El juez de distrito James Boasberg, que ordenó sin éxito el regreso de los aviones que transportaban a los deportados, ya había mencionado el ATRC en su oposición a aquellas deportaciones. "De hecho, el Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no es así? Porque creó el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas", afirmó entonces. "Siempre pueden acudir al ATRC —lo cual sería algo inédito—, pero para eso está, ¿verdad?", dijo.
Source: Google News ES — Crime (es)