Narcoterrorismo entre los nuevos cargos de EEUU contra el uruguayo Sebastián Marset

La justicia estadounidense presentó una segunda acusación formal contra Marset, líder del "Primer Cártel Uruguayo", añadiendo cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína.

Narcoterrorismo entre los nuevos cargos de EEUU contra el uruguayo Sebastián Marset

Segunda acusación formal amplía los cargos contra Sebastián Marset en EEUU

Fiscales federales estadounidenses presentaron una segunda acusación formal contra el uruguayo Sebastián Marset, incorporando los delitos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Según reportó El Deber, la información fue difundida originalmente por abc.com.py, con base en datos de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

La ampliación de la carátula judicial se produjo pocos días después de que el propio Marset enviara una carta a un juez federal. En ese escrito, el acusado afirmó que agentes estadounidenses habían presionado a su madre para que entregara las contraseñas de sus billeteras virtuales de criptomonedas.

Los cargos que enfrenta actualmente son cuatro: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación bajo jurisdicción de EEUU, conspiración para el lavado de dinero y lavado de dinero.

El "Primer Cártel Uruguayo" y el vínculo terrorista

El Departamento de Justicia sostiene que Marset dirigía el denominado "Primer Cártel Uruguayo", una organización criminal con base en Sudamérica que enviaba toneladas de cocaína a distintos mercados, con foco especial en Europa.

El cargo de narcoterrorismo ubica el expediente en una categoría jurídica de mayor gravedad. Los fiscales alegan que, entre 2018 y marzo de 2026, el acusado fabricó y distribuyó sustancias prohibidas mientras proporcionaba apoyo material a una organización terrorista global —que, según el propio documento fiscal, es su misma red de narcotráfico. En enero de 2025, la Casa Blanca había ordenado a sus agencias de seguridad catalogar a ciertos cárteles transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, medida que facilita bloqueos financieros y condenas más severas.

El expediente detalla que en junio de 2024, Marset coordinó con un integrante del Clan del Golfo de Colombia el envío de 1.700 kilogramos de cocaína en una lancha rápida con destino a Costa Rica. La operación fracasó cuando la Armada colombiana interceptó la embarcación en el mar Caribe y recuperó 1.653 kilos de la droga, que los tripulantes habían arrojado al agua al verse acorralados.

Lavado de dinero con rastros en Paraguay, Portugal y China

El apartado sobre lavado de dinero involucra directamente a Paraguay. El documento menciona a Federico Santoro Vassallo, ciudadano paraguayo procesado junto a Marset, quien se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses en marzo pasado y fue condenado a 15 años de prisión.

Según la investigación, Santoro y otro operador financiero radicado en Paraguay movilizaban las ganancias ilícitas de Marset mediante entregas de efectivo a gran escala, criptomonedas y transferencias bancarias internacionales. Como ejemplo concreto, la Fiscalía identificó una transferencia de 31.800 dólares proveniente del narcotráfico enviada desde un banco de Portugal hacia un proveedor de logística en China, procesada a través de un banco corresponsal de Bank of America en Virginia.

El abogado defensor de Marset, Robert Feitel, solicitó formalmente la desestimación del cargo de conspiración para el lavado de dinero, argumentando que los fiscales no demostraron un vínculo legal suficiente entre los movimientos financieros y el Distrito Este de Virginia, sede del juicio.

Capturado en Bolivia tras años de búsqueda internacional

Marset, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares, fue capturado en Bolivia en marzo pasado tras años de persecución internacional. Su posterior extradición a territorio estadounidense dio inicio al proceso penal que hoy lo enfrenta a cargos bajo legislación antiterrorista.

Source: El Deber