Escándalo Tocoma: el chavismo entrega el "rescate" de la hidroeléctrica a Impsa tras pérdidas de $10.000 millones
El gobierno venezolano cede a Impsa el proyecto de rescate de la represa Tocoma, obra paralizada desde 2013 tras desviar hasta $10.370 millones en uno de los mayores escándalos de corrupción del chavismo.
Tocoma: $10.000 millones desaparecidos y ahora el régimen vuelve a confiar en Impsa
Según Google News VE — Crime, el gobierno chavista ha cedido a la empresa argentina Impsa —ya señalada en el millonario fraude de la represa Tocoma— el denominado "rescate" de esa hidroeléctrica inconclusa sobre el río Caroní, en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era bolivariana.
La obra fue iniciada en marzo de 2007, en pleno auge petrolero, y paralizada en 2013 cuando sus obras civiles alcanzaban un avance del 87%. En su construcción se dilapidaron al menos $9.000 millones, y hasta $10.370 millones según el laboratorio de investigación AidData, de la universidad College of William & Mary, en Virginia. Esa cifra equivale a tres veces el presupuesto original y al doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá.
La represa, rebautizada Manuel Piar, estaba proyectada para aportar 2.160 megavatios a la red eléctrica nacional —energía suficiente para abastecer entre cinco y seis millones de hogares—, pero nunca entró en operaciones. La paralización ha contribuido directamente a la crisis energética que hoy padecen millones de venezolanos, coinciden expertos consultados para este reportaje.
Un financiamiento multimillonario sin rendición de cuentas
El proyecto acumuló aportes de múltiples fuentes internacionales. China se incorporó en 2011 con $4.170 millones canalizados a través del Fondo Conjunto chino-venezolano, dentro de un esquema de préstamos por cerca de $62.000 millones a cambio de ventas futuras de petróleo. La CAF aportó $1.500 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó dos créditos: uno por $800 millones en julio de 2009 y otro por $750 millones en noviembre de 2005, según registros del propio banco.
"Incluso en 2012, después que había sido anunciada la inversión china, el vicepresidente de Corpoelec dijo que serían necesarios otros $3.300 millones de inversión", cita AidData en su análisis.
Solo por esas tres vías —China, CAF y BID— se canalizaron $6.350 millones de financiamiento. Una parte de esos fondos fue destinada a Impsa por las turbinas Kaplan que, según las investigaciones, nunca llegaron.
Como Venezuela no completó la represa ni devolvió los préstamos, la CAF y el BID quedaron imposibilitados de financiar nuevos proyectos de infraestructura en el país.
Sobreprecios documentados y sin fiscalización
El ingeniero José María de Viana, uno de los expertos en servicios públicos más reconocidos de Venezuela, señala que la evidencia del sobreprecio es clara: "Sabemos que hay sobreprecio porque está Caruachi. Tocoma es un clon de Caruachi, que costó 2.300 millones de dólares".
La hidroeléctrica de Caruachi, construida por la antigua Edelca a partir de 1997, ya generaba energía en 2003 y quedó completada en 2006 con 2.300 MW en 12 turbinas tipo Kaplan —idénticas a las previstas para Tocoma—. Su costo fue de $2.300 millones, financiado también por el BID y la CAF.
"Entre el BID y la CAF eran 1.500 millones de dólares, así que el país lo que tenía que poner era 800 millones. Y bueno, ellos buscaron una manera de que la cosa en vez de costar, como ha debido costar, 2.300 millones, costara 10.000 millones de dólares y todavía no se ha terminado", afirma De Viana.
En noviembre de 2012, el contrato con Impsa fue recalculado de $451 millones a $1.150 millones, un incremento del 154%, según un informe de 2017 de la Asamblea Nacional entonces en manos de la oposición, que reclamó explicaciones sobre ese aumento financiado por la CAF.
Ese mismo informe parlamentario calculó en $16.000 millones el costo de oportunidad de la paralización, medido solo en los primeros ocho años: la cifra resulta de contabilizar los hidrocarburos quemados para generar la electricidad que Tocoma nunca produjo.
Un consorcio de empresas bajo sospecha
En la saga de Tocoma participaron el Consorcio OIV, liderado por la constructora brasileña Odebrecht —con 50% de participación—, la italiana Impregilo (40%) y la venezolana Vinccler para las obras civiles. La fabricación e instalación del componente electromecánico, incluidas las diez turbinas Kaplan, estaba asignada a Metalúrgicas Pescarmona, conocida como Impsa.
Completaban el esquema de contratación firmas como HPC Venezuela (Hitachi), Consorcio Uriaparí, Consultores Occidentales, Deproex, GERINSA, INELMECA, Y&V Ingeniería y Construcción, Consorcio DECOYNE, TSK Ingeniería y Sistemas de Venezuela y la francesa Tractebel.
Expertos consultados coinciden en que hubo sobreprecios generalizados y que ningún organismo fiscalizó el uso correcto de los financiamientos. No existen informes de auditoría ni de la Contraloría General de la República, no hay un documento oficial sobre el estado de las obras abandonadas y se desconoce el monto acumulado de intereses sobre la deuda original, así como lo adeudado a contratistas nacionales.
La cifra real, solo la sabe el régimen
La magnitud real de las pérdidas sigue sin determinarse. Se ignora cuánto se ha gastado, endeudado o sustraído en el componente nacional de la obra, pagado en bolívares, para un proyecto que debió entrar en plena operación en 2020.
A modo de referencia, entre junio de 2011 y noviembre de 2019 —mientras Tocoma permanecía paralizada—, Brasil construyó y puso en marcha la hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará: con 11.233 megavatios, cinco veces la capacidad proyectada para Tocoma, es la cuarta más grande del mundo, y tuvo un costo de cerca de $10.000 millones, según el Tribunal de Cuentas de Brasil.
De Viana, quien prefiere centrar el análisis en el futuro, reconoce que revisar lo ocurrido requerirá la intervención de abogados. "Lo que pasó ahí habrá que revisarlo", señala, sin profundizar en las responsabilidades penales.
Source: Google News VE — Crime