Xavier León Anchustegui, socio venezolano del testaferro de Zapatero, detenido en la trama PDVSA-Cripto
El exvicepresidente de BANDES firmó en 2020 un contrato con la offshore del principal testaferro del expresidente español. Fue arrestado en 2024 por su vínculo con la red de El Aissami.
Exvicepresidente del banco chavista BANDES, arrestado por sus vínculos con el caso PDVSA-Cripto
Xavier León Anchustegui, quien en diciembre de 2020 suscribió en Caracas un contrato con la sociedad offshore del principal testaferro del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2024, según reporta okdiario.com. El arresto se produjo en el marco del caso PDVSA-Cripto, la mayor trama de corrupción investigada en Venezuela en dos décadas, que involucra el desvío de entre 5.550 y 16.900 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo estatal.
León Anchustegui fue detenido junto a otros tres exaltos cargos del chavismo: Oswaldo Pérez Cueva, Juan Santana y Erick Jacinto Pérez Rodríguez, todos acusados de vínculos con la red criminal encabezada por Tareck El Aissami y Simón Zerpa.
El contrato con la offshore de Martínez Martínez
El acuerdo que conecta a León Anchustegui con el entramado español fue firmado el 18 de diciembre de 2020 en la capital venezolana. Las partes son el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y Landside Holding Ltd, una sociedad domiciliada en el segundo piso de un edificio en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. León Anchustegui figura en ese documento, intervenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de BANDES. Julio Martínez Martínez —identificado por la investigación como principal testaferro de Zapatero— aparece como presidente de Landside.
El objeto del contrato era la recuperación de fondos que BANDES había depositado en Noor Capital PSC, una gestora financiera con sede en Abu Dabi, al amparo de un acuerdo de gestión de cartera firmado el 15 de septiembre de 2017. A cambio, el documento garantizaba a Martínez —y, si se demuestra su condición de hombre de paja, también a Zapatero— una comisión del «8,75% de los fondos recuperados durante las negociaciones», según recoge literalmente el texto consultado por okdiario.com.
El mandato otorgaba a Landside Holding «pleno poder notarial para actuar en su nombre» y la facultad de subcontratar a «consultores, abogados o auditores» según su criterio. Una cláusula de confidencialidad, contemplada en el punto octavo del contrato, obligaba a ambas partes a mantener en secreto «toda la información divulgada directa o indirectamente, por escrito o por cualquier otro medio». Dicha estipulación no ha resistido el escrutinio judicial.
La trama PDVSA-Cripto y sus imputados
El caso PDVSA-Cripto investiga el mecanismo mediante el cual Venezuela comenzó a intercambiar petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, una arquitectura financiera diseñada para eludir las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro. La Fiscalía venezolana sostiene que «las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles».
El juicio arrancó en abril de 2026, se celebra a puerta cerrada en el último piso del Palacio de Justicia de Caracas bajo estricta vigilancia, y cuenta con 64 imputados. En el banquillo figura como presunto cabecilla Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo, junto al exministro de Finanzas Simón Zerpa, el exdiputado Hugbel Roa y el exsuperintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez, entre más de 60 acusados en total. Los cargos incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Antes de su arresto, León Anchustegui había acumulado múltiples cargos en la administración chavista: viceministro de Articulación Económica del Ministerio de Finanzas, vicepresidente de BANDES y gobernador alterno de Venezuela ante el Banco Mundial.
La coincidencia de fechas y el nexo con España
Los investigadores consideran especialmente significativo que el mandato entre BANDES y Landside fuera firmado dos días después de que la aerolínea Plus Ultra suscribiera un acuerdo de pago con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). La hipótesis que manejan es que el Gobierno chavista habría pactado con Plus Ultra la prestación de servicios de transporte de materiales sensibles, y que Zapatero se habría beneficiado de esa operación a través de estructuras en paraísos fiscales.
La Audiencia Nacional española investiga si el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en noviembre de 2020, a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, fue el resultado de una intervención ilícita de una red de influencias liderada, según la UDEF, por el propio Zapatero. La coincidencia de fechas, de ciudad y de partes implicadas ha llevado a los investigadores a apuntar que ambos documentos forman parte de un mismo entramado.
Julio Martínez Martínez fue detenido en España en diciembre de 2025. En el registro de su domicilio se hallaron 300.000 euros en efectivo que él mismo reconoció no haber declarado a Hacienda. El juez José Luis Calama ha citado a Zapatero para prestar declaración como investigado en junio; posteriormente comparecerá Martínez.
Lo que el contrato establece con claridad es aquello que hasta ahora solo existía como hipótesis en los informes policiales: dos personas, una fecha y un porcentaje acordado. El dinero público venezolano, la sociedad pantalla radicada en un paraíso fiscal y la comisión pactada han dejado de ser conjeturas para convertirse en cláusulas numeradas de un documento oficial. El nexo entre el entramado financiero venezolano y la causa española cuenta ahora con un papel que lo acredita, con dos nombres que enfrentan problemas ante la justicia.
Source: Google News VE — Crime